Wednesday, August 31, 2016

Contenidos educativos deben abordar inseguridad ciudadana

El viceministro de Educación Regular del Ministerio de Educación, Juan José Quiroz, informó que una nueva estructura de desarrollos de contenidos deben orientar a trabajar en la inseguridad ciudadana dentro del sistema educativo.

Según el Viceministro de Educación Regular la Resolución Ministerial 001/2016, en cumplimiento con la Ley de Seguridad Ciudadana, se abordará una transformación estructural.

“Estamos planteando con la estructura trabajo en valores y principios para todo tipo de violencia; es importante trabajar en contenidos que están dentro de la norma”, explicó.

Señaló que los contenidos deben ser más utilizados para transformar la forma de pensar y sentir.

En tanto, las 1.021 cámaras de seguridad deben estar hasta el primer semestre del próximo año y estas lograrán vigilancia, en los establecimientos educativos.

Las cámaras serán instaladas en las unidades educativas fiscales y de convenio para reforzar la seguridad de los estudiantes de Primaria y Secundaria, de acuerdo al resultado de la 1ª Reunión Nacional para la Seguridad Ciudadana en Instituciones Educativas, realizado con el Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Educación y de los Gobiernos Municipales del país.

Monday, August 29, 2016

Pandilleros causan zozobra en la Villa Primero de Mayo

Una pandilla atacó a pedradas un domicilio particular la noche del sábado, causando varios daños materiales, además que hace unas semanas atrás un joven fue brutalmente golpeado y una caseta de un parque fue destrozado, todo esto sucedió en la Villa Primero de Mayo. Es por ello que ocho barrios de esta ciudadela, decidieron denunciar estos hechos a la Policía para frenar el terror de estos grupos delincuenciales y advierten que realizarán justicia por mano propia de encontrarse infraganti a los malhechores.

Atacaron una vivienda particular. Ángel Barrios, hijo de la propietaria del domicilio afectado, señaló que alrededor de las 22 horas del sábado, un grupo de aproximadamente 20 pandilleros llegó al parque del barrio 4 de Febrero para cometer sus fechorías, robando celulares a los adolescentes y mujeres que se encontraban en el lugar. Producto de ello, las mujeres escaparon y se refugiaron en un domicilio cercano, que no tenía barda. Es así que la turba se ensaña contra la vivienda y empiezan a tirar piedras.

"Empezó la lluvia de piedras, rompiendo los vidrios, casi sacan el protector de la ventana. Una hora estuvieron amenazando por toda la casa, mientras nosotros estábamos encerrados en el interior", dijo Barrios. Fernando Martínez, presidente de la Junta Vecinal del barrio 4 de Febrero, comentó que se reunieron con ocho presidentes de barrios aledaños para buscar una solución a la problemática de las pandillas en la ciudadela. Además, se dirigieron al puesto policial para que no se libere a los que ocasionaron los destrozos. "Vamos a tener que patrullar nosotros todo el barrio, ya que la Policía no viene por estos lugares", remarcó Martínez.

Golpean brutalmente a un joven y destrozan una caseta. En tanto, Ernesto Aruquipa denunció que hace un mes su hijo, Robny Ernesto Aruquipa de 25 años, fue golpeado por supuestos pandilleros, dejándole la cabeza y el rostro con graves lesiones. El joven afectado tiene más de 50 días de impedimento y no puede realizar sus actividades normales. El hecho se registró en el barrio Guapilo Junín de la Villa Primero de Mayo.

"Mi hijo fue a comprar pollo, entonces lo atacaron y golpearon con ladrillos de seis huecos en la cabeza, tiene el cráneo fracturado. Ahora ya lo han detenido a los agresores y se comprobó que son integrantes de una pandilla, al parecer son los mismos que atacaron la casa en otro barrio el sábado por la noche", dijo Aruquipa.

De igual forma, lbina Ugarte, del barrio Totaíses, informó que cada fin de semana se produce algún hecho delincuencial en la zona, siendo el más reciente en su barrio, la destrucción de una caseta en el parque que está tomado por las pandillas.

En ese sentido, Juan Carlos Ramos, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó que una vez conocida la situación se desplegó a los efectivos policiales para que realicen diversos operativos en la zona, producto de ello se detuvo a más de 20 jóvenes. Asimismo, llamó la atención a los padres de familia, toda vez que muchos de los detenidos son menores de edad. "Ya han sido identificados los autores materiales de la golpiza", adelantó Ramos.

Friday, August 26, 2016

Cambista: “Ese es el maldito que casi me deja paralítica”



La Policía desarticuló una banda de asaltantes integrada por exreclusos. Esta banda delictiva, según el comandante de la Policía, Sabino Guzmán, es responsable de haber asaltado el 16 de agosto a María Sandóval Gutiérrez, una cambista a la que hirieron de un balazo en la pierna derecha y la despojaron de $us 37.000. El hecho ocurrió en la avenida Melchor Pinto.

El autor del disparo fue identificado como Harold Cristian Ramírez Gómez, exrecluso de Palmasola, y su cómplice, Álvaro Herrera Durán, reconocido como el conductor de la motocicleta en la que escaparon después del hecho. También participó en el atraco el exrecluso Rafael Urganibia Ávalos que proporcionó el arma de fuego a Ramírez; y Julia Paniagua, esposa de Herrera, de cuyo poder se recuperó $us 4.050.

A decir del comandante, el grupo fue reducido ayer por la mañana por agentes de Inteligencia en inmediaciones del mercado Mutualista, donde, aparentemente, tenía planeado asaltar a otro cambista.

Indicios recolectados
“Obtuvimos la información de que hoy (por ayer) iban a perpetrar un atraco a otro cambista. El dato nos llegó a tiempo. El caso está totalmente esclarecido, solo faltan unos ajustes. Tenemos el arma de fuego y una motocicleta que utilizaron en el atraco a una cambista el 16 de agosto en la calle Ballivián, dos cuadras antes del segundo anillo”, señaló la principal autoridad policial en Santa Cruz.

Guzmán aseguró que entre los arrestados se encuentra el sujeto que lesionó de un disparo a la cambista María Sandóval, quien ayer estaba en la puerta de ingreso del Comando policial esperando al jefe cuando los investigadores ingresaron con unos arrestados y gritó histérica: “Ahí está, es el maldito que casi me dejó paralítica; ahí está ese delincuente que sale a atentar contra la vida de las personas que salimos a trabajar buscando un peso. ¿Por qué no trabajan y hacen tanto daño? Me disparó en la pierna, gracias a Dios estoy viva, Él no permitió que me maten estos infelices”, declaró en medio de un angustioso llanto.

María Sandóval explicó que ese día, a las 18:00, iba a su casa cuando la interceptaron dos sujetos en una moto. Uno de ellos le disparó sin decir nada. Le arrebató $us 37.000.

“Yo tenía que entregar esa plata con la que trabajaba. $us 3.000 era dinero que mi suegra me había enviado. Pido justicia, que no lo suelten, que hagan aparecer ese dinero ajeno y que por eso ahora tengo problemas, no tengo cómo responder y estoy postrada en cama”, lamentó la cambista.

Extraoficialmente se conoció que miembros de esta gavilla, vestidos con mandiles blancos y con la cara cubierta con barbijos, asaltaron el 9 de agosto el restaurante Mexican Food, ubicado en la avenida Los Cusis, entre las avenidas Beni y Alemania.

Los bandidos redujeron de forma violenta al personal para sustraer Bs 2.500 y los celulares de las víctimas

Oruro Destinan Bs. 2,9 millones para adquirir fibra óptica y cámaras de seguridad

El municipio orureño incluyó en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) tres proyectos para la adquisición de cámaras de seguridad, instalación de fibra óptica y la instalación de cámaras de video vigilancia para unidades educativas, cuyo monto total de inversión asciende a cerca de 2,9 millones de bolivianos.

Los tres proyectos fueron consensuados en las jornadas del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana y ahora son encaminados por la Alcaldía para lo cual ya se inició el proceso de licitación pública, según informó el director de la unidad de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), Víctor Hugo Gómez.

Señaló que el proyecto de instalación de cámaras de seguridad para 30 unidades educativas en su primera fase exigirá del Municipio una erogación de alrededor de 990 mil bolivianos.

Indicó que además, el proyecto de instalación de fibra óptica en su segunda fase costará 979.303 bolivianos que comprenderá el colocado de este sistema de cableado desde las calles Bolívar y Quintana en las instalaciones de la Unidad Tecnológica Policial Preventiva Investigativa (Uteppi) y se prolongará por la avenida de Circunvalación hasta llegar a la carretera Doble Vía Oruro-La Paz y llegar a la Estación Policial Integral 3 que se encuentra en la urbanización "La Aurora" copando una distancia próxima a los 10 mil metros.

El otro proyecto consiste en la instalación de fibra óptica y el colocado de cámaras de seguridad en las zonas altas de la ciudad y la parte Sudoeste, su costo será de algo más de 980 mil bolivianos y la misma contemplará el sector del Socavón para luego subir hasta el monumento de la Virgen del Socavón para rodear la avenida de Las Américas llegando hasta la calle Presidente Montes para bajar hasta la avenida España y culminar en el sector del mercado Roberto Young copando cerca de 5.500 metros.

Gómez señaló que en sumatoria serán 2,9 millones de bolivianos que el Gobierno Municipal invertirá en materia de seguridad ciudadana abarcando a gran parte de la ciudad, porque la fibra óptica se interconectará con el tendido que actualmente existe, además que esta iniciativa es la pionera a nivel nacional.

Thursday, August 25, 2016

Hombres 'topos' detienen a un ladrón y frustran un robo

Cuatro hombres en situación de calle se ganaron la admiración del propietario de una tienda de equipos tácticos para uso civil luego de capturar y entregar a una persona que ingresó a robar en su negocio la noche del martes. Carlos Peñaloza, funcionario de la tienda Armagedon, situada en el 4to anillo de la avenida Busch, dijo que fueron alertados del hecho por los vecinos que descubrieron al antisocial trepando con una manguera a la segunda planta donde se guardan reliquias de la segunda guerra mundial. Lo insólito del caso es que la barda cuenta con cerca eléctrica y no se explican cómo el detenido se dio modos para ingresar en el interior y luego bajar el térmico. El sospechoso, al verse descubierto y al ver que los vecinos llamaron a la Policía, escapó raudamente dejando sus zapatillas en el garaje. Esta situación fue presenciada por las personas que viven en situación de calle en las riberas del río Piraí quienes persiguieron al antisocial que escapó al monte y a los cinco minutos después del hecho salieron con el ladrón reducido y lo entregaron a la Policía. "Es raro ver este tipo de acciones en estas personas que viven en las calles y son consideradas peligrosas, pero esta vez demostraron todo lo contrario", dijo el empleado.

Su convivencia diaria. Peñaloza comentó que muchos de ellos se han hecho amigos de la tienda pues a diario vienen en busca de agua y cuando hay ropa excedente se les regala pantalones o chamaras. "Si ustedes los vieran en grupo, parecen veteranos de la guerra de Vietnam", dice el funcionario en la entrevista. Los propietarios de la tienda tuvieron que entregar la comida en cercanías a las riberas del río, debido a que quienes atraparon al ladrón al notar la presencia de medios de comunicación evitaron salir del lugar donde viven. Los indigentes de ese sector expresaron que no permitirán que roben en la zona.

Tuesday, August 23, 2016

Cae banda boliviano peruana que saqueaba casas y negocios

Tres varones y dos mujeres fueron aprehendidos el domingo 21 de agosto y serán imputados como los autores de al menos unos siete monrrazos (robos de casas) y de negocios perpetrados entre septiembre de 2015 y agosto de 2016 en Cochabamba.

Tres de los integrantes, las dos mujeres y un varón, son bolivianos, pero los otros dos hombres son de nacionalidad peruana. El director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Freddy Fernández, confirmó ayer que se logró desarticular una banda delictiva internacional que se especializaba en el robo de viviendas y de negocios particulares que “estudiaban” previamente. La banda era buscada desde el mes de septiembre del año pasado.

Según Fernández, los delincuentes fueron capturados a las 16:00 del domingo en un operativo policial planificado días antes para sorprender a la banda. De acuerdo al testimonio de la dueña de una fábrica pequeña que funciona en una casa, tres de los delincuentes irrumpieron en el lugar una mañana, mientras ella y las operarias con las que trabajaba estaban allí.

“Dos hombres y una mujer entraron gritando; pusieron una pistola en mi frente y me empujaron al piso. Me hicieron arrodillar y me gritaron que ellos sabían que yo guardaba dinero y que si no les decía dónde iban a matar a mis hijos”, relató la dueña que ayer identificó plenamente a sus agresores.

Mientras los otros dos integrantes del grupo delictivo aguardaban afuera, las trabajadoras de la fábrica fueron obligadas a tirarse al piso y a taparse con frazadas. Los ladrones les robaron sus celulares.

El jefe policial añadió que la banda actuó de la misma manera en casas y en otros negocios de las avenidas Papa Paulo, Humboldt, en La Chimba y en la zona sur de la Llajta.

Los investigadores y un fiscal allanaron las viviendas de los cinco delincuentes y lograron recuperar un lote de electrodomésticos, televisores, computadoras, alarmas, equipos de gimnasio y otros. Además, los policías secuestraron dos vehículos, un revólver, una pistola, patas de cabra, palancas y otras herramientas para violentar puertas.

Testimonio

Otra víctima contó que los delincuentes le redujeron para llevarse las joyas de la familia y 18 mil bolivianos de su casa.

Monday, August 22, 2016

La Paz Comuna ultima detalles para implementar cámaras

El secretario de Seguridad Ciudadana, Marco Vera, informó que la Comuna ya cuenta con una empresa seleccionada para la provisión de cámaras de seguridad que podrán cubrir los programas “Escuelas Seguras” y “Ceja Segura”.

Explicó que la implementación del proyecto será una realidad, toda vez que el Concejo Municipal aprobó el presupuesto de más de tres millones de bolivianos.

El programa “Escuelas Seguras” contempla la implementación e instalación de 57 cámaras en el mismo número de unidades educativas. El componente “Ceja Segura” contará con 45 cámaras de las cuales 15 serán instaladas en la zona Ferropetrol.

“Luego de una reunión entre el Municipio, la empresa Hansa y la Policía Boliviana como ente operativo en cuanto a los servicios de seguridad ciudadana y monitoreo, se ultiman detalles para la adquisición de las cámaras, para evitar tener problemas con los equipos como se los tuvo en la gestión de Patana, el año 2003”, dijo.

Según Vera, una vez firmado el contrato con la empresa, se realizaría la entrega de los equipos al Municipio que los derivará al Comando Regional de la Policía, como dispone la Ley 264.

Seguidamente, en acto público, la Alcaldesa, la Policía y organizaciones sociales presentarán los proyectos integrales “Ceja Segura” y “Escuelas Seguras”.

El proyecto integral cuenta con cuatro pilares: cámaras de video vigilancia en las escuelas; patrullaje motorizado en diferentes unidades educativas; prevención, capacitación y educación en seguridad ciudadana; y, por último, a través de la Guardia Municipal controlar el expendio de bebidas alcohólicas, juegos electrónicos, internet y una serie de actividades económicas que generan inseguridad en las unidades educativas.

Friday, August 19, 2016

Ni los muertos se salvan de los robos

Lo que ocurre en el cementerio San Cayetano ubicado en el barrio del mismo nombre, en el municipio de Cotoca (Santa Cruz) parece salido de una película de terror, los muertos de ese campo santo aparecen fuera de sus fosas y los ataúdes destrozados.

Este fenómeno se repite hace ya varios días, según testigos, pero la alarma entre los pobladores de los barrios de San Cayetano y Jazmín aumentó cuando en menos de 24 horas se registraron dos casos de profanación de tumbas.

El primer cadáver en ser profanado pertenecía a Angélica Huanca Quispe, mujer de la tercera edad que en sus últimos días pidió ser enterrada con todas las joyas que en vida ostentaba. Ayer (jueves) se constató que el féretro de la mujer fue violentado y del cuerpo inerte se sustrajeron varias joyas de oro.

Hoy un nuevo caso alarmó a los vecinos. El cadáver de Santiago Martinez Callisaya apareció fuera de su fosa y su ataúd resquebrajado, no obstante, en este caso, no existían objetos de valor con el cuerpo.

El caso ya es de conocimiento de la Policía en Cotoca por lo que se aguarda que las investigaciones sean puestas en marcha para dar con los profanadores de tumbas.

Thursday, August 18, 2016

Ladrones pierden parte de su botín y transeúntes se lo apropian

Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón”, al parecer así pensaron los testigos de un suscitado la pasada jornada en la ciudad de Montero (Santa Cruz). Antisociales que sustrajeron más de 100 mil bolivianos a un ciudadano identificado como Jorge Alberto Catala Hubbauer perdieron parte de su botín durante su huida, el dinero se desparramó por el piso y los transeúntes se apropiaron del mismo.

El hecho se suscitó en el sector denominado Rotonda Norte de esa urbe. Catala acababa de retirar 105 mil bolivianos de una agencia del Banco Ganadero para realizar un pago al surtidor “El Bato”. En el ínterin fue interceptado por un sujeto armado que lo despojó del dinero que llevaba consigo.

Para evitar ser perseguido, el antisocial disparó contra su víctima aunque sin producirle heridas. Inmediatamente abordó una motocicleta negra conducida por un sujeto de camisa azul y casco oscuro. Durante la huída perdieron parte del botín, ante la mirada atenta de los transeúntes.

La actitud que asumieron los testigos del hecho fue criticada por el guardia de seguridad del surtidor. “en lugar de ayudar a capturar a los delincuentes se agarraron el dinero”, manifestó.

Mire el video de lo ocurrido en Montero.

Wednesday, August 17, 2016

Banda asalta a una pareja y se lleva $us 110.000



La tarde del lunes, alrededor de las 18:30, tres delincuentes armados atracaron a una pareja en la avenida Piraí, entre el tercer y cuarto anillo, de donde se llevaron $us 110.000 en efectivo, de acuerdo con el informe del coronel Juan Carlos Ramos, director de la Felcc.

Las víctimas, de ocupación cambistas, estaban llegando a su domicilio. La mujer abrió el portón para que su marido introdujera el motorizado y en ese instante aparecieron los asaltantes. Uno lanzó a la mujer al suelo y la golpeó, y lo propio hizo otro sujeto al hombre, que intentó defender a su esposa. El tercero sustrajo una bolsa con el dinero, que estaba en el asiento trasero del vehículo.

La mujer vio a los ladrones, por lo que basados en su testimonio, agentes de la Felcc elaboraron indentikits de los autores. Además, los afectados oyeron a uno con acento brasileño. Ramos indicó que se sospecha de personas que tuvieron contacto con la pareja, que horas antes había vendido un vehículo. Asimismo, los atracadores sabían dónde estaba la plata

Tuesday, August 16, 2016

Ramiro Llanos: 'queremos recuperar el mar, pero no podemos recuperar las cárceles'

El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, sostuvo que el Gobierno pretende recuperar el mar, pero no puede recobrar el control de las cárceles, que se encuentran bajo control de bandas criminales en complicidad de algunas autoridades.

Llanos manifestó que actualmente la Dirección de Régimen Penitenciario tampoco cumple su rol y "solo cuida su escritorio" porque "no quiere meterse en líos".

"El que tiene la supervisión y control de la cárcel es la Dirección de Régimen Penitenciario que tampoco cumple su rol, porque está en la tarea de cuidar el escritorio, mejor no decir nada y evitar motines (…), entonces queremos recuperar el mar pero no podemos recuperar un territorio pequeño al interior de nuestro país que son las cárceles", manifestó el experto en temas penitenciarios a Red Uno.

Citó como ejemplo que en la cárcel de Palmasola existe libre albedrío para el ingreso de todo con la venia de la Policía. Ahí "se hace lo que quiere, ahí las personas entran cuando quieren, las puertas no se cierran nunca, es decir hay libre albedrío: hay alcohol, droga, prostitución, armas, no hay control".

Identificó dos causas para que no se puedan recuperar las cárceles del país. En primer lugar la Ley de Ejecución Penal, que se debería cambiar, porque permite que un juez que nunca visitó las cárceles disponga de la vida de los internos.
"Los privados de libertad cuando salen a los juzgados ‘conversan’ con estos jueces para beneficiarse con sus ‘redenciones’ y ahí inicia un foco de corrupción", apuntó.

Una segunda causa es la administración de las cárceles por parte de los policías. "Los policías son dueños de las cárceles y ellos hacen lo que quieren con el ingreso de cualquier tipo de objetos", destacó.

En ese sentido dijo que son responsables de que el 38% de los internos consuman cocaína y el 48% alcohol. "Y cuando salgan de la cárcel estos presos van a ir a matar para conseguir más droga porque ya son adictos", dijo.

Por eso, remarcó, "en las cárceles no hay rehabilitación, hay perdición, con droga y alcohol se pierden".

Ante este escenario, Llanos sugirió que en las cárceles se debe "cruzar el control policial con control civil". "Las cárceles deben tener control social, los ojos civiles deben estar adentro y el director civil debe estar ahí las 24 horas con el único fin de rehabilitar a las personas", sostuvo.

Destacó que la Policía no está formada para el tema penitenciario y cuando llega un efectivo destinado a estos lugares "solo sigue los usos y costumbres que son corrupción, negocio, dinero; solo se acomoda y sigue el ritmo".

Indicó que pese a que algunos penales como San Pedro en La Paz se encuentran hacinados con más del 300%, siguen destinando más presos, y esa es la expresión de que las autoridades no están formadas en temas penitenciarios y que "tienen miedo a procesos, a qué les va a decir al autoridad, el ministro o el viceministro", y no rechazan que entre más gente.

Monday, August 15, 2016

El Alto Alcaldía duplicó presupuesto para seguridad ciudadana

La actual administración municipal, en lo que va de su gestión, duplicó el presupuesto de seguridad ciudadana del 10 al 20 por ciento de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Esta decisión fue tomada debido a la intención de las autoridades ediles de “hacer de El Alto una ciudad segura”.

“Son 16.300.000 bolivianos que significa ese 20 por ciento. Posiblemente pueda ser todavía insuficiente, como dicen los compañeros del ‘verde olivo’, pero sentimos que hay que empezar a dar valor y usar lo poco que tenemos para beneficio de la sociedad. Ahí estamos como institución apoyando de nuestra parte a que este tema de la inseguridad vaya cerrando sus brechas”, dijo la alcaldesa alteña Soledad Chapetón.

Para la autoridad, este esfuerzo se materializa en la dotación y equipamiento que realiza la Alcaldía de El Alto al Comando Regional de la Policía.

Desde diciembre de 2015 hasta julio de este año, la Comuna realizó cinco entregas de lotes de equipos a la Policía, por un valor de 7.408.139 y otros Bs 261.800,00 para la dotación de 70.000 litros de gasolina.

LEY 264

En julio de 2012 se aprobó la Ley 264 del Sistema de Seguridad Ciudadana que instruye a gobernaciones y municipios la designación del 10% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, consignados en el Plan Operativo Anual (POA) para los proyectos de seguridad ciudadana.

La alcaldesa Soledad Chapetón informó que la reducción del IDH, producto de la caída internacional de los precios de los hidrocarburos, afecta a la ciudad de El Alto que pierde al menos Bs 150 millones de esos recursos, pero que, a pesar de esa reducción, su administración tiene el firme compromiso de poder cumplir con el programa de Gobierno y su pilar de seguridad ciudadana.

CINCO ENTREGAS

La Comuna realizó hasta la fecha cinco entregas de material y equipamiento a la Policía en El Alto. La primera fue realizada el 24 de diciembre con una inversión de Bs 2.834.808 y consistió en la dotación de 50 motocicletas marca Honda Mod. XR- 250 (con documentos de SOAT, placas de circulación, casos de seguridad, sirenas, destelladores), accesorios para su mantenimiento (pastillas de frenos, filtros, aceites, parrillas traseras).

También se otorgó guantes, mascarillas, rodilleras, botiquines de primeros auxilios, 320 llantas, 120 baterías (6, 60 y 70 amperios para las motocicletas).

Un mes después (20 de enero 2016) se realizó la segunda entrega que demandó la inversión de Bs 984.465. Se entregó 32 computadoras de última generación y 32 impresoras.

También se dotó un importante lote de lubricantes para el mantenimiento de vehículos y motocicletas, 125 handies (equipos de comunicación), con doble batería, manos libres y un año de mantenimiento.

La tercera entrega se realizó el 1 de febrero y demandó un presupuesto de Bs 77.889 para dotar de accesorios para el mantenimiento del parque automotor de la Policía y mobiliario.

En marzo, la Alcaldesa procedió a la cuarta entrega de equipamiento beneficiando esta vez al Instituto de Investigación Técnico Científico (Iitcup), con un presupuesto que asciende a Bs. 97.777.

El 28 de julio, se realizó la quinta entrega al Comando Regional de la Policía. Esta vez la inversión de la Alcaldía llegó a los 3.413.200 de bolivianos.

La Alcaldesa entregó 40 motocicletas marca Honda Mod. XR- 250 (con documentos de SOAT, placas de circulación, casos de seguridad, sirenas, detelladores), accesorios para su mantenimiento (pastillas de frenos, filtros, aceites, parrillas traseras).

También se entregaron 88 equipos de computación de última generación, cinco equipos laptop, 75 impresoras láser y una pantalla de 24 pulgadas.

El lote incluyó la dotación de 2.050 chalecos y jockeys (gorros con viseras), 32 chalecos para instructores y 32 sombreros de ala ancha.

Thursday, August 11, 2016

Policía en alerta tras atraco a remesa de petrolera que transportaba más de 1 millón de Bs



Los comandos provinciales de la Policía del Chaco chuquisaqueño están en alerta luego del atraco a un vehículo de una empresa petrolera que transportaba Bs 1.200.000.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles, entre las 17:00 y 19:00, en el Departamento de Tarija, pero muy cerca de la frontera con Chuquisaca, cerca de las Poblaciones de Rosario del Ingre y Huacareta, según explicó el comandante provincial de Monteagudo, Juan Carlos de la Fuente, a radio Suprema de esa población.

El vehículo de la empresa Saexploration S.A. fue interceptado por un automóvil plomo marca Ipsum, tipo vagoneta, con placa de control 2203 SIL, de donde salieron seis personas encapuchadas que lograron reducir a las cuatro personas haciendo disparos al aire con armas de grueso calibre, según la Policía.

Es así que se llevaron dos maletas con los Bs 1.200.000 que estarían destinados a los sueldos de los trabajadores.

De inmediato, una de las víctimas hizo la llamada de emergencia por medio de su segundo celular que ocultó en la requisa. Recibida información, la Policía se puso en alerta para dar con los delincuentes, quienes fueron interceptados cerca de las comunidades Buen Día y Palos Blancos. Ante la negativa de detenerse, un policía logró disparar a una de las llantas traseras, lo que provocó que el vehículo se detenga luego de recorrer unos cinco kilómetros, donde fue abandono.

Sin embargo, se pudo observar a dos vagonetas de lujo, una de color blanco y otro champagne, que al parecer escoltaban al primer motorizado, en las que lograron escapar los atracadores.

En ese sentido, la Policía en Chuquisaca y Tarija estarían rastreando a los vehículos, aunque no se pudo identificar las placas de los motorizados.


Wednesday, August 10, 2016

Califican a Palmasola como la peor cárcel de Bolivia y resaltan liberación de 40 españoles

En la cárcel de Palmasola hay droga de calidad y es más barata que en el exterior, así lo refleja el periódico español El Confidencial, que elaboró un artículo sobre la situación de decenas de españoles que salieron libres de esta cárcel en el último tiempo, con motivo de las gestiones realizadas por el cónsul de ese país en Bolivia, Joan Borrel, y el indulto dictado por el Gobierno.

Lea a continuación el artículo in extenso de El Confidencial titulado: Adiós, Palmasola: el cónsul Borrell ayudó a 40 españoles a salir del peor penal de Bolivia que fue publicado ayer en su versión digital.

Adiós, Palmasola: el cónsul Borrell ayudó a 40 españoles a salir del peor penal de Bolivia

Rafael Mendez

En Palmasola todo tiene un precio. "Si pagas puedes tener una chabola con televisión con pantalla plana y buena comida. Si no tienes dinero eres un sin tierra y duermes en el suelo". Manolo es hermano de José García, Pepito, un español con una discapacidad mental que pasó un año en Palmasola. La cárcel que vivió es de pesadilla: "A mi hermano le daban palizas. De madrugada recibía llamadas y me decían que si no pagaba le iban a matar". Pepito estuvo ingresado en Palmasola con una condena por narcotráfico, como muchos españoles. Llegó a haber 80 presos españoles allí, alguno con hasta ocho años de estancia, pero hoy solo quedan cuatro (tres de ellos con doble nacionalidad y familia y arraigo en Bolivia). Detrás de este éxito hay una suma de factores: dos indultos concedidos por el Gobierno de Evo Morales para aligerar las cárceles, una visita del Papa Francisco que puso el foco en el penal y el factor humano en forma de un cónsul, Joan Borrell.

El 1 de agosto de 2014, Joan Borrell Mayeur aterrizó en Santa Cruz de la Sierra como cónsul. Antiguo productor audiovisual, sacó la oposición de la carrera diplomática en 2005, con 38 años. Pasó un tiempo destinado en Túnez y después en el Ministerio, en Madrid. El consulado que le tocaba ahora es pequeño, con solo tres funcionarios, en los llanos de Bolivia, una zona del interior próxima a Brasil donde campa el narcotráfico. "Una de las prioridades que me asignaron desde Madrid fueron los presos", cuenta Borrell desde Bolivia. Unos meses antes el programa de Antena 3 'Encarcelados' había mostrado la crudeza de las cárceles por el mundo en las que hay españoles y en Palmasola, a 13 kilómetros del consulado, grabó uno de los capítulos más duros.

"Cuando llegué quedaban 38 presos, alguno llevaba ocho años. A la semana de estar allí me reuní con ellos. Les dije que iba a repartir la ayuda del consulado de forma distinta, según las necesidades de cada uno". No a todos los presos les gustó escuchar que los que más lo necesitaban iban a recibir más dinero. España manda 100 euros al mes para los presos en el exterior, que en sitio como Bolivia permite comprar muchas cosas en la cárcel. Pero además Borrell llevaba otro mensaje: "También les dije que el consulado les iba a ayudar a tramitar los indultos. Al principio eran reticentes a que fuera a ocurrir pero poco a poco vieron que iban saliendo". En muchos casos lo que pasaba era que no tenían sentencia condenatoria firme, uno de los requisitos para acogerse al indulto del Gobierno de Evo Morales para reclusos con bajas penas, en otros podían cumplir condena en España... Había que agilizar papeles, hablar con gente, mover las cosas.

Palmasola no es una cárcel como la que la mayoría tiene en la cabeza, con barrotes y celdas. Diseñada para 1.800 presos, alberga unos 5.400. Es un sistema de régimen abierto, como un gueto con casas y calles en el que los reclusos se reparten las tareas. Fue allí donde el verano pasado el Papa Francisco acudió a hablar a los reclusos. En 2013, una reyerta entre presos dejó 30 muertos, entre ellos un niño de un año y medio, y 38 heridos. Los hombres pueden vivir con sus mujeres e hijos y los presos se organizan y eligen a sus representantes. La droga es de más calidad y más barata que en el exterior. La policía solo se encarga de hacer recuento dos veces al día y de cerrar los barracones por la noche.

Borrell tuvo sus ojos en la cárcel al hermano Richar Calvo, un religioso de la Fundación Hombres nuevos, un español de 7 3años que se pasea por la cárcel a menudo y que le explicaba cómo estaba la situación, el día a día y por el que el consul expresa su admiracion y gratitud. Este, que lleva nueve años ayudando a los ancianos de Palmasola, coincide en la labor del cónsul: "Desde el principio empezó a trabajar muy bien, con mucha dedicación".

Javier Casado, presidente de la Fundación +34, que ayuda a los presos en el exterior, sostiene que Borrell fue clave: "Para algunos consulados la ayuda a los presos es la tarea más ingrata y a la que menos atención dedican. Apenas van a verlos ni les ayudan. Pero de Borrell tenemos que decir lo contrario. Siempre lo pongo como ejemplo de lo que puede hacer un cónsul. No es tanto la legislación como insistir y ayudarles. A base de cavar, él ha conseguido oro. Los ha sacado a todos. Siempre hablo de él y de un funcionario consular en Sao Paulo, Jaime Arderius, que ha hecho que en la cárcel de Sao Paulo, que donde llegó a haber casi 100 españoles, ahora haya unos 30".

Borrell niega que todo sea cosa suya. Señala que para aliviar la carga en las cárceles fue el Gobierno boliviano el que dio tres indultos masivos a presos sin delitos de sangre, con condenas a menos de ocho años y que hubieran cumplido un tercio de la condena y que la mayoría de españoles entraban en esa clasificación. Es decir, que sin eso, por mucha ayuda que le hubieran dado no habrían podido salir. Antes de que él llegara el número ya había bajado, de 60 a 40 presos, pero entonces el consulado sistematizó las gestiones para que pidieran el indulto.

Y fueron saliendo. Ya sin tanto ruido pero fueron regresando a España. Algunos se encontraron con un problema añadido al salir de la cárcel, que habían perdido contacto con su familia y muchos se quedaban sin dinero para volver a España. "El cónsul Borrell me dio su móvil y acompañó a mi hermano al avión que le traía a España. Nunca lo olvidaré", cuenta Manolo. Jara, hermana de Kiko, otro de los presos, recuerda el cambio cuando llegó Borrell: "Empezamos a poder escribirle a él directamente y aumentó las visitas a la cárcel a ver a los presos. A los dos meses de estar él ahí salió mi hermano. El cónsul fue a recogerlo a la cárcel y le dio su móvil a mi hermano para que me llamara. Días después lo acompañó al avión. Es el trato humano que necesitábamos".

Acostumbrados a pelear en la prensa y a denunciar el abandono que sufren, los consultados, familiares y ONG, se muestran encantados de poder hablar bien del funcionamiento de un consulado. La Fundación Abogacía Española tiene colaboraciones con varios consulados españoles para ayudar a presos españoles en el extranjero. Según su coordinador de proyectos, Francisco Segovia, "el papel de los consulados es esencial". Segovia, que conoce directamente el episodio de los presos españoles indultados en Bolivia, insiste en que, "si bien una coyuntura favorable en las relaciones políticas o diplomáticas puede dar facilidades, lo cierto en este caso es que el papel del cónsul fue definitivo".

El cónsul pide discreción y solo accede a hacer unas breves declaraciones que no molesten a nadie. No quiere un perfil público ni aparecer como un ejemplo. Reitera que su trabajo forma parte "de la misión de protección consular encomendada”. La comunicación pública no es sencilla. Hay un factor añadido que complica todo: Joan Borrell es hijo del exministro socialista Josep Borrell. Pero eso a los presos les da igual.

Tuesday, August 9, 2016

Estado prevé invertir $us 105 MM en sistemas de seguridad ciudadana

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, anunció que el Estado invertirá cerca de 105 millones de dólares en implementar sistemas de cámaras y video vigilancia, además de patrulleros inteligentes.

Informó que habrá avances en el ámbito tecnológico porque se prevé un uso masivo de la video vigilancia, utilizar cámaras analíticas, inteligentes de reconocimiento de rostro y de placas de automóviles.

Indicó que adicionalmente se proyecta utilizar patrulleros inteligentes, botones de pánicos, GPS en vehículos del transporte público.

Un patrullero inteligente realiza un intercambio de información en tiempo real entre los vehículos y el Centro de Mando y Control, y se constituye una herramienta clave para cualquier unidad operativa.

La autoridad manifestó que este proyecto debe ser complementado con los aportes que puedan dar las gobernaciones y alcaldías, en base a un calendario para la instalación de video vigilancia en establecimientos educativos y locales de concurrencia pública.

Para el efecto, el Ministerio de Gobierno invitó a los alcaldes y autoridades educativas a fin de analizar la obligatoriedad de cumplir la Ley 264 de Seguridad Ciudadana. (Erbol)

Pandillas, principal causa de inseguridad

El ministro de Gobierno, Carlos Romero durante la primera reunión nacional para la seguridad ciudadana en unidades educativas dijo que en Bolivia la sensación de inseguridad ciudadana a partir de la existencia de pandillas es la más alta de Sudamérica, solo comparable a la de países centroamericanos.

“La presencia de pandillas en Bolivia se constituye en el segundo factor que genera sensación de inseguridad ciudadana en la población boliviana. Esto sucede en Bolivia, no en otros países. Posiblemente en países de Centroamérica, pero en Sudamérica, no. En Sudamérica las pandillas no tienen un factor de relevancia en la sensación de inseguridad”, reconoció el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Según dijo, la información corresponde a estudios realizados por “Latinobarómetro”, que muestra datos comparativos de 2012 con una ponderación del uno al 10 respecto a la percepción de inseguridad ciudadana. El país ocupa el quinto puesto a nivel continental. Por encima se ubican El Salvador, Guatemala, México y Honduras y por debajo de Bolivia están países como Costa Rica, Colombia, Argentina, Panamá, donde la percepción de inseguridad a consecuencia de estos hechos, es menor.

En marzo, el Viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, informó que en Bolivia existen unas 700 pandillas y que el mayor porcentaje se encuentra ubicado en el eje central, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

De acuerdo a Aparicio se trabaja en la ley de Justicia Penal Juvenil, con el objetivo de frenar la delincuencia. Según la autoridad en la norma se prevé 25 años de cárcel para los cabecillas de pandillas y el objetivo será evitar que estas personas sigan captando jóvenes y adolescentes para conformar estos grupos irregulares.

“En el caso de Bolivia está vinculado a gente que se acerca a las unidades educativas y luego se da modos para articular a los jóvenes hacia las pandillas, las drogas y hacia la delincuencia”, dijo el Ministro durante la primera reunión nacional para la seguridad ciudadana en unidades educativas.

Hace un par de semanas, en la población beniana de Riberalta, se registraron varios ataques con machete metálicos por parte de pandilleros, dejando varios heridos graves. Tras realizarse un operativo policial fueron aprehendidas 25 personas, de las cuales 17 eran menores de edad.

De igual manera el 27 de febrero, una pareja de jóvenes fue interceptada y brutalmente agredida por pandilleros en la zona central de La Paz. Gracias a las imágenes registradas en una cámara de seguridad, se pudo identificar a los agresores y detener a 13 miembros de la pandilla juvenil Cartel Family.

El año pasado Fabián Gastón Ávila, de 24 años, murió luego de ser apuñalado en pleno prado paceño, presuntamente por miembros de la pandilla de Miguel Ángel Suaznabar, más conocido como El Borlas y a quien también se lo acusa de robo agravado e intento de asesinato a otras personas.

Instalarán mil cámaras contra delitos en colegios

Bajo la perspectiva de velar por la seguridad de los estudiantes en los establecimientos educativos fiscales y de convenio, luchar contra el bullying (acoso escolar) tráfico de drogas y otros delitos, el Ejecutivo, la Policía y los Gobiernos autónomos municipales acordaron instalar hasta junio del próximo año, 1.021 cámara de videovigilancia.

El plazo es hasta fin de año el 50 por ciento y hasta el primer semestre del próximo el restante 50 por ciento.

La información fue proporcionada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, a la conclusión de la Primera Reunión Nacional para la Seguridad Ciudadana en Instituciones Educativas realizada en La Paz con la participación de alcaldes de las capitales de departamentos del país y otras ciudades intermedias.

“Los alcaldes han decidido la manera de programar prioritariamente la instalación de cámaras de vigilancia en los establecimientos educativos del país, para ello, cada Policía departamental en coordinación con el Servicio Departamental de Educación (Seduca), va a presentar un plan de priorización para que se vayan instalando estas cámaras. Estamos hablando de más de 14 mil establecimientos educativos, cifra que seguramente va a seguir creciendo”, dijo.

El criterio de urgencia se definirá de acuerdo con los mapas conceptuales que tiene la Policía a través de las áreas identificadas que tienen presencia de pandillas juveniles, organizaciones criminales y otros.

Un criterio de priorización importante —acotó— es el ciclo inicial, porque ahí tenemos en los kínder a los niños de mayor vulnerabilidad a los secuestros, a la trata.

Urgencia

Recordó que el tema se trata con prioridad debido a que los medios de comunicación hicieron una campaña sobre la necesidad de videovigilancia en las unidades educativas ante el rapto de una menor, la niña Camila del colegio Santa Ana de La Paz, en pasados días.

En la ciudad de Cochabamba se instalarán 509; en La Paz, 200; en El Alto, 577; en Sucre, 20; en Sacaba, en 21; en Oruro, 54; en Potosí, 20; en Montero, 100 y en Cobija, 40. Sin embargo, el Alcalde de Cochabamba, que de las 509 que se señala sólo se estaría hablando de algo más de la mitad que se adquirirá porque el restante ya está en proceso de instalación.



PREVENCIÓN EXTERNA E INTERNA

El Ministro de Gobierno dio a conocer que de las más de 1.400 unidades educativas en el país, alrededor del 20 por ciento cuentan con un sistema de videovigilancia, lo que significa que la mayoría de los establecimientos educativos carecen de este sistema de seguridad.

“De los más de 14 mil establecimientos educativos, tendríamos instaladas algo más de 300 cámaras hay una brecha bastante significativa. Si bien las alcaldías nos han dado número generales de la instalación de cámaras que tienen previstas en la ciudades, vamos a ver cuanta es la contabilización que se puede tener hasta 2017, la cifra que se ha hablado son parciales porque faltaban muchas alcaldías”, manifestó.

Recordó que el sistema de vídeo vigilancia no se trata de contar sólo con cámaras al exterior de los colegios o escuelas, también deben ser ubicadas al interior de los mismos porque esto permitirá contar con un registro de lo que sucede en los recintos, como identificar el acoso escolar, es decir el bullying, y otros.

El ministro de Gobierno señaló que para hacer el plan de instalación de cámaras se tomará en cuenta el mapa de presencia de pandillas juveniles y se priorizará cubrir los establecimientos que tengan ciclo inicial de educación.

Thursday, August 4, 2016

Cochabamba Atracan 25 mil dólares a cliente de banco en falso taxi que tomó en la Av. América

Un hombre que ayer retiró 25 mil dólares de una entidad bancaria fue atracado dentro del taxi que abordó para irse a su casa, en la ciudad de Cochabamba.

Cuatro delincuentes lo redujeron colocándole una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y lo abandonaron en una calle tras arrebatarle el dinero.

El asalto ocurrió ayer cerca del mediodía. De acuerdo al informe del subcomandante de la Policía, coronel Elvin Baptista,la víctima acudió al banco Económico de la avenida América y allí solicitó el retiro de la alta suma. Salió de la entidad con el dinero y un taxi blanco de cola cortada estacionado en la puerta le tocó la bocina ofertando sus servicios. El hombre subió y le dio la dirección de su domicilio, pero al llegar a la plaza 4 de Noviembre, el taxi se desvió por una calle hacia el norte y frenó intempestivamente. Otros tres delincuentes que ya esperaban al falso taxista abordaron el carro, dos en el asiento trasero rodeando a la víctima y el tercero al lado del chofer. Mientras el carro avanzaba le colocaron una bolsa plástica a la cabeza para asfixiarle, mientras el hombre suplicaba por su vida. Luego de encontrar el dinero entre sus pertenencias lo abandonaron en una calle solitaria de la zona de El Frutillar.

Baptista cree que el hombre fue víctima de La Marcada, una treta de delincuentes extranjeros que ingresan a los bancos para ubicar a quiénes retiran altas sumas de dinero y que se comunican vía celular (con manos libres, para no despertar sospechas de los policías) para describir cómo saldrá vestida la víctima y dónde guardó el dinero.

SANTA CRUZ Dos delincuentes armados sustrajeron dinero no cuantificado de una Casa de Cambio ubicada en la calle Bolívar a escasos metros de la plaza 24 de Septiembre. Los encargados de los negocios vecinos se percataron del hecho delincuencial cuando la víctima salió maniatada y amordazada .

Cámaras de control en karaokes y bares




Hasta el 29 de septiembre se amplió el plazo para la instalación de cámaras de seguridad y monitoreo en establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas y alimentos, indicó el secretario municipal de Seguridad Ciudadana, coronel José Luis Ramallo.

En julio, el Concejo Municipal emitió una normativa que otorgaba un plazo de 45 días hábiles para que karaokes, discotecas, pubs, whiskerías, bares, clubes nocturnos, salones de fiesta y peñas folclóricas instalen estos dispositivos, en cumplimiento a la Ley municipal 151.

“El jueves se aprobó la nueva ampliación de este plazo para que todos los centros de expendio cumplan con la normativa municipal 151. La fecha fue ampliada hasta el 29 de septiembre. La difusión y comunicación a cada centro será realizada por cada una de las subalcaldías”, explicó Ramallo.

Aclaró que de acuerdo a la norma municipal todos los ambientes del centro o local deben tener una cámara de seguridad. “Todos los espacios deben estar cubiertos como manda la norma, no debe haber espacios negros”.

Pasada la fecha, los locales que incumplan serán clausurados temporalmente, tras una primera notificación y ante la reincidencia serán sancionados con el cierre definitivo.

Ramallo reiteró que las subalcaldías realizarán las notificaciones para instalar estos dispositivos y con este registro se podrá evaluar la cantidad de establecimientos que cuenta el municipio de La Paz.

Precisó que la capacidad de almacenamiento debe permitir un almacenamiento de imágenes de 12 meses y los equipos tienen que contar con un soporte de energía eléctrica de manera continua”.

Wednesday, August 3, 2016

Cochabamba Hospitales tienen cámaras, pero no los colegios fiscales

Son las diez de la mañana y la sala de espera de consulta externa del hospital Cochabamba se encuentra llena. Se trata de la nueva infraestructura que funciona a medias, solo las atenciones y no las salas de internación por la falta de ítemes para las enfermeras.

En los pasillos y áreas de ingreso se observan cámaras de vigilancia. En la sala de admisiones se encuentra el centro de monitoreo, desde donde se vigila todo el movimiento del hospital. El personal de salud explica que el sistema es indispensable para controlar la seguridad.

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura” establece en su artículo 50 que las entidades públicas con acceso masivo de personas, deberán instalar en sus dependencias sistemas de cámaras de seguridad y monitoreo electrónico para garantizar la seguridad de las personas.

En Cochabamba, los centros de salud cuentan con sistemas de vigilancia, pero las unidades educativas fiscales no tienen los equipos de videovigilancia. La instalación de las cámaras es de competencia municipal en los centros médicos de primer y segundo nivel y en los colegios fiscales.

Esa falta de seguridad obligó a los padres de familia de la unidad educativa Cobija a organizarse y pagar los equipos de vigilancia, que fueron colocados en el ingreso, aulas y otros ambientes.

HOSPITALES Para el director del hospital Cochabamba, Adolfo Ventura, es fundamental porque la mayor cantidad de pacientes son niños menores de cinco años y pueden extraviarse. Recordó que en la vieja infraestructura, donde funcionan las salas de hospitalización de maternología, también hay un sistema de cámaras de seguridad en todos los ambientes y en el ingreso.

Si bien nunca se presentó algún caso de rapto de recién nacidos “es indispensable el control”.

La situación es la misma en 22 centros de salud del municipio de Cochabamba. Son ocho los que aún no cuentan con la tecnología, aquellas nuevas infraestructuras que aún no fueron inauguradas oficialmente porque no tienen equipamiento o personal.

Es el caso del centro de salud Kanata, situado en la avenida 6 de Agosto, donde no hay el sistema. El médico Fernando Antezana dijo que es fundamental la existencia de la tecnología en todos los consultorios, en Emergencia, pasillos y áreas de ingreso por seguridad de los pacientes.

Es importante contar con la información digital porque ante cualquier problema las imágenes pueden ser presentadas al Ministerio Público, mediante un requerimiento judicial.

El secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Aldryn Salazar, informó que todos los centros médicos, de primer y segundo nivel cuentan con el sistema de vigilancia.

Recordó que la Ley de Seguridad Ciudadana así lo establece y da las competencias a los gobiernos autónomos municipales.

Sobre los ocho centros de salud en proceso de traslado, aseguró que hasta septiembre funcionarán plenamente incluyendo la instalación de los sistemas de vigilancia.

En las instalaciones del Complejo Hospitalario Viedma hay cámaras de vigilancia.

COLEGIOS La titular de la dirección de Seguridad de la Alcaldía de Cochabamba, Velka Krellac, informó que en 2017 comenzarán con la instalación de sistemas de vigilancia en los establecimientos educativos. El plan será ejecutado por fases.

Dijo que llevan adelante la planificación para ejecutar el proyecto y será el alcalde José María Leyes quien anuncie oficialmente los alcances.

Aclaró que, actualmente, existen cámaras de vigilancia instaladas en algunas calles donde hay colegios, pero no precisó en cuáles.

OPINIÓN recorrió varias unidades educativas y verificó que no tienen cámaras de vigilancia. Es el caso del kinder San Joaquín y la unidad educativa Ismael Vásquez de la zona de Jaihuayco, al sur de la ciudad, que no cuentan con ese moderno sistema de vigilancia.

La profesora del kinder San Joaquín Marina Rodríguez lamentó la falta de seguridad en la zona porque a una cuadra existe una chichería y a dos hay lenocinios.

Demandó que los equipos sean instalados al ingreso de la unidad educativa para controlar la presencia de quienes se acercan al colegio. El criterio fue compartido por la directora de la Ismael Vásquez, Nidia Valdivieso, quien añadió que contribuirá a la seguridad de los más pequeños, pues en su establecimiento pasan clases estudiantes desde los cinco años.

Para la directora del colegio 23 de Marzo (Abaroa en el turno matutino) es indispensable el control en la puerta de ingreso. Si bien los estudiantes ya no son niños, “existen otros riesgos como el posible microtráfico de droga”.

El subdirector de Educación Regular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Jorge Ponce, recordó que las alcaldías son las responsables de instalar los sistemas de vigilancia en las unidades educativas fiscales que están bajo su jurisdicción.

Apuntes



Norma legal

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura” tiene por fines: promover la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado; prevenir la inseguridad ciudadana; mantener y restablecer la seguridad ciudadana; estructurar, articular e implementar de manera efectiva el Sistema de Seguridad Ciudadana a través del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los planes de seguridad ciudadana departamentales, municipales e indígena originario campesinos.

Responsabilidad

Las entidades territoriales autónomas y la sociedad civil organizada comparten

la responsabilidad de la seguridad ciudadana en el cumplimiento de la norma legal.

La información sobre seguridad ciudadana debe estar

a disposición de la población.

El 30 por ciento de colegios privados cuenta con videovigilancia

El presidente de la Asociación de Colegios Particulares de Cochabamba, Genaro Durán, aseguró que el 30 por ciento de sus afiliados (15 colegios) cuenta con sistemas de vigilancia.

Como Andecop se dio la instrucción a los directores de las 50 unidades educativas afiliadas para la implementación de cámaras de vigilancia.

Actualmente, se encuentran en la etapa de averiguación de costos porque son los establecimientos los responsables de encarar el pago de la tecnología. “La situación económica es muy difícil en los establecimientos particulares”.

El propósito del sistema de vigilancia es garantizar la seguridad de los estudiantes. Por lo tanto, deben tomarse todas las medidas necesarias.

Mencionó el ejemplo del Ítalo Boliviano, donde contrataron a dos guardias que tienen la responsabilidad de controlar la salida e ingreso de clases de los estudiantes.

Dijo que conocen a todos los alumnos y saben quiénes son sus padres o tutores.

Adelantó que este año incorporarán la videovigilancia en el Ítalo Boliviano. En la misma situación se encuentran 35 establecimientos. “Como es una determinación del Ministerio de Educación, estamos obligados a la implementación de los equipos”.

La Ley de Seguridad Ciudadana obliga a las unidades educativas a instalar cámaras de seguridad. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que el monitoreo de las mismas estará a cargo de la Policía.

El Ministro explicó que luego de ser instalado el equipo, se lo debe conectar al sistema de la Policía, institución que estará a cargo de la vigilancia. Aclaró que no es necesaria la instalación de salas de monitoreo en las escuelas, ni la contratación de personal extra para esas tareas.

Padres participan de la seguridad

Los padres de familia participan en los planes de la seguridad ciudadana de los colegios de sus hijos. Los dirigentes Fernando Vargas y José Pardo explicaron, por separado, que conforman comités de vigilancia.

Desde el punto de vista de Vargas y Pardo, es indispensable mayor compromiso de parte de las autoridades municipales, en relación a fortalecer el control de las zonas escolares y la implementación de sistemas de videovigilancia.

Los estudiantes también se organizan en brigadas escolares y realizan rondas en sus establecimientos en las horas de recreo. En la unidad educativa Dionicio Morales, por ejemplo, son los estudiantes más destacados quienes realizan los controles.

Vargas mencionó experiencias de la organización de ferias informativas y talleres para padres y niños sobre todo estos temas de prevención. “Son consejos sencillos como recoger en hora a sus hijos y pedirles que no hablen con extraños”.


Tuesday, August 2, 2016

Dos exreclusos eran parte de una banda de auteros



La Dirección de Prevención del Robo de Vehículos (Diprove) desarticuló una banda de delincuentes dedicada al robo de motorizados, a la extorsión de los propietarios y al desmantelamiento de los rodados, en un taller de la capital cruceña. El operativo se realizó en calle 5, Villa Gladys, en la zona del Plan Tres Mil.

El subdirector de Diprove, Renán Millares, indicó que se hizo un seguimiento al caso de una víctima que fue extorsionada por los auteros con $us 1.500 para devolver el vehículo que le habían robado. Así se logró dar con el taller donde llevaban los rodados para desmantelarlos.

Allí los investigadores montaron un operativo, que terminó con la detención de tres sujetos. Dos eran los encargados de levantar los vehículos de las calles y uno, propietario del taller, era el responsable de desmontar las piezas de los motorizados para luego comercializarlas.

Millares precisó que dos de los detenidos son exreos del penal de Palmasola, reclusorio del que salieron hace seis meses y donde estaban encarcelados también por robo de vehículos.

En el taller se logró recuperar dos motorizados. Ambos estaban siendo desarmados. De acuerdo con Millares los delincuentes no utilizaban armas de fuego al momento de los robos, ya que su forma de operar consistía en romper los vidrios laterales de los rodados y llevárselos encendiendo de forma directa el vehículo.

El lunes inicia el juicio oral contra Ernesto Suárez



El fiscal asignado al caso del secuestro de la niña Camila Cruz, Boris Flores, informó que la investigación contra Abigail Chuquimia, raptora de la menor, se ampliará pues en la vivienda donde tenía a la niña se encontraron ropa de otros menores, además de casquillos de balas.

El fiscal señaló que estos indicios dan a suponer que Chuquimia podría haber secuestrado a otros menores, debido a los elementos hallados en la vivienda de la mujer, ubicada en la zona 25 de Junio de Senkata, El Alto. También se establecerá los nexos delincuenciales que la fémina pudiera tener, sobre todo en Santa Cruz, ciudad donde residía anteriormente.

Flores señaló que se busca a una tercera persona, presuntamente implicada en el rapto, pues Chuquimia afirma que fue contratada por un hombre para cometer el ilícito.

La niña declaró, a través de una cámara Gesell, que su captora le había señalado que debía ser entregada a esta tercera persona, a cambio de otro menor.

Camila Cruz fue raptada por Abigail Chuquimia de la puerta de su colegio, el jueves 28 de julio. La mujer se hizo pasar por su niñera y tras tener en su poder a la menor pidió a la familia un rescate de 50 mil dólares.

La Policía logró hallar a la menor dentro de un ropero, en una vivienda de la zona de Senkata, a menos de 24 horas de su desaparición.

Hasta julio Registraron 80 casos de trata y tráfico en El Alto

Al menos 80 casos de trata y tráfico de personas fueron reportados en la urbe alteña en lo que va del año, según reveló la Fundación “Munasim Kullakita” (Quiérete Hermanita).

Asimismo, la organización aclaró que, del total, la mitad de los casos fueron desvirtuados, al tratarse parcialmente de casos de abandono de los menores de sus hogares.

Cabe destacar también que estos datos fueron corroborados por la trabajadora social de la Unidad de Prevención de la Dirección de Género de la Alcaldía de El Alto, Elizabeth Peñalauca, quien convocó a los ciudadanos a participar de una marcha de concienciación a realizarse mañana.

RECOMENDACIONES

La Fundación dio a conocer que los datos recogidos por la Policía revelan que los menores de edad son vulnerables al delito de trata y tráfico de personas, porque los delincuentes operan en inmediaciones de establecimientos educativos o en espacios donde se encuentran niños y adolescentes.

Las personas que se dedican a la trata de personas no pueden ser identificadas con facilidad, por lo que los cuidados familiares hacia los menores de edad deben ser rigurosos para mantener la protección hacia sus propios hijos.

Según recomendaciones de efectivos del orden, los menores, en caso de encontrarse solos, deben mantenerse alejados de personas extrañas y no responder a sus saludos. Además, los padres deben realizar el correspondiente seguimiento a las redes sociales frecuentadas por los menores, porque este es otro de los mecanismos usados por los tratantes.

Ante esta situación, el director de la Fundación “Munasim Kullakita”, Ricardo Giavarini, hizo el llamado a los menores, en especial a los adolescentes, para que tomen conciencia de los delitos registrados en la urbe alteña, dado que los delincuentes captan a sus víctimas con el enamoramiento, aspecto que es usado para trasladarlos posteriormente a lugares lejanos y explotarlos sexual o laboralmente.

“Trabajamos en prevención de trata y tráfico con presencia en las diferentes unidades educativas, ya que es importante la participación de los profesores, padres y estudiantes para la atención y reinserción de víctimas a través de un programa especial y participación de un equipo multidisciplinario”, explicó.

AUTORIDADES

El director de la Fundación aseguró también que se cuenta con información que revela que existirían policías y jueces involucrados en estas redes de trata y tráfico de personas. Sin embargo, no dio alguna información concreta al respecto.

“Sabemos que hay uniformados involucrados, sabemos que hay jueces involucrados, que hay gente que está llamada a la defensa de niños, niñas y adolescentes involucrados en estos temas de trata y tráfico”, expresó Giavarini a los medios de comunicación.

En lo referente a las rutas de trata y tráfico, aseguró que se manejan redes que involucran a poblaciones de los Yungas, Apolobamba, además de las minas y en La Arrinconada por el lado peruano.

ALBERQUE

La Fundación “Munasim Kullakita” cuenta con un albergue en la zona Tilata del Distrito 7, donde las víctimas son evaluadas psicológicamente, para un tratamiento terapéutico, con la finalidad de que superen el trauma sufrido por la explotación sexual o laboral a la que la víctima fue expuesta.

Ante esto, Giavarini consideró que es importante informar a los padres de familia que ejerzan protección sobre sus hijos sin perjudicarlos en sus actividades, porque el tema de trata y tráfico se torna complejo.

MARCHA

Para la trabajadora social de la Alcaldía, el delito de trata y tráfico se constituye en un “flagelo” que está lastimando a la población. Asimismo, afirmó que, según el Observatorio Municipal de El Alto, normalmente los tratantes captan a sus víctimas en la zona 12 de Octubre.

Ante esto, convocó a la ciudadanía a participar de una marcha pacífica de prevención por los casos de trata y tráfico de personas. Informó que esta movilización recorrerá las avenidas Juan Pablo II y 6 de Marzo, hasta llegar a la Alcaldía Quemada, brindando información necesaria sobre la prevención del delito, donde el grupo más vulnerable viene a ser el de los menores de edad.

Indicó que actualmente la Dirección Municipal de Género es parte querellante en tres procesos por trata y tráfico. Se trata de dos jóvenes de 17 años de edad y uno de 15 que, hasta la fecha, no fueron encontrados.

“Estos procesos están siendo investigados por el Ministerio Público, después de haber encontrado pruebas fehacientes de los hechos, por lo que se busca también a los responsables”, añadió.

Zona Anexo 25 de Julio Vecinos demandan seguridad

Vecinos de la zona Anexo 25 de Julio, sector Senkata, demandan la implementación de más patrullajes policiales luego de que se reportara el secuestro de una menor de edad en su barrio.

PROTESTA

Los vecinos protestaron debido a que en un domicilio de la avenida Camakine se encontró a una menor reportada como desaparecida en la ciudad de La Paz la semana pasada

También dieron a conocer que si bien se conocía a la familia que vivía al interior del domicilio, se observa que, a la fecha, no se cuenta con ningún módulo policial o policía vecinal, que logre conocer a los vecinos e identifique la posible comisión de delito al interior de viviendas.

“Es por eso que pedimos seguridad en el barrio porque existe la presencia de pandillas, de personas ajenas a la zona, quienes en pasados meses esas pandillas incluso han hecho corretear a la Policía, desde ese tiempo es que los efectivos no llegan a este lugar”, indicó Maribel Chuquimia, vecina de la zona.

Los vecinos lamentan el hecho del rapto a la menor e indican que el propietario de la vivienda es socio de una cooperativa minera, quien luego de conocer el hecho, habría indicado que sus hijos no tendrían ninguna razón para cometer el ilícito tomando en cuenta que ambos recibían un dinero mensual por parte de sus padres.

Los vecinos que transitan por la calle, dan cuenta que si bien alguna vez observan el patrullaje policial por la avenida, dicha acción no se observa en las calles adyacentes, razón por la que temen que los menores y adolescentes podrían enfrentarse a riesgos de la inseguridad ciudadana.

Los vecinos de la zona dudan aún que uno de los sindicados como presunto autor del secuestro de la menor Camila, identificado como Iván C., sea el responsable de la comisión del delito, debido a los antecedentes de formación escolar conocido en el barrio.

“Su hermana es quien, de forma constante, hacia renegar a sus padres, la madre especialmente lloraba y se quejaba de Abigail, quien se escapaba, consumía bebidas alcohólicas, estaba en malas compañías, pero de Iván aún tenemos dudas, porque ese joven estaba estudiando, ingreso a la universidad y era bien educado, pero nos sorprende que ellos no hayan tenido ninguna compasión por la familia de la menor, que de pronto ha debido estar con un gran peso y preocupación, cuando se enteró que fue secuestrada de su colegio”, indicó Martha Poma, vecina de la zona.

En el barrio, si bien los vecinos dicen conocer a los propietarios de las casas de la mencionada avenida, reconocen que esta percepción es parcial porque fueron sorprendidos cuando se enteraron que al interior de la vivienda se encontraba secuestrada una menor de siete años y que los integrantes de la familia fuera responsable del delito, y que además demandara un rescate de 50 mil dólares.

Para Juliana Ortega, vecina de la zona, en horas de la noche, la ausencia de alumbrado público es uno de los problemas por los que se reporta constantemente hechos delictivos de robo, atracos y el reciente secuestro. A esto se agrega la carencia de efectivos policiales en el lugar realizando patrullajes.

Los vecinos de la zona Anexo 25 y la avenida Camakine analizan la posibilidad de organizarse con la finalidad de solicitar aplicar un censo vecinal para mejorar la protección entre ellos y conocer el tipo de vecinos e inquilinos que llegan a la zona, con el propósito de evitar que se cometan ilícitos.

Comuna capacita a guardias para reforzar seguridad

Los 20 nuevos efectivos de la Guardia Municipal de El Alto iniciaron ayer su capacitación teórica acerca de los decretos ediles 020 y 030, para garantizar el procedimiento adecuado en la identificación y sanción a las actividades económicas que incumplan las normativas de seguridad y salubridad.

“En cumplimiento con uno de los pilares fundamentales encomendados por la alcaldesa Soledad Chapetón, el de cualificar al capital humano, estos cursos se realizan con subintendentes y los nuevos guardias municipales, para darles a conocer los decretos municipales para que no tengan problemas durante las notificaciones, operativos y decomisos”, explicó el coordinador con las subintendencias, Rafael Machaca.

El funcionario público informó que el Decreto Municipal 020 es aplicado para el decomiso de bebidas alcohólicas en bares clandestinos donde, por lo general, se encuentran productos de contrabando, adulterados y mezclados de forma casera. Asimismo, el Decreto Municipal 030 está destinado a identificar los alimentos no aptos para su consumo, con fechas caducas y sin registros sanitarios.

CONTROL EN FERIAS

Machaca anunció que en los próximos días se programarán operativos, coordinados con la Intendencia y la Dirección de Ferias y Mercados para evitar que los comerciantes expongan su mercadería en calzadas y aceras.

“Los operativos los hacemos previa notificación y haciendo conocer las normativas que se deben cumplir para no transgredir los derechos de ninguna de las partes”, aseguró.

Monday, August 1, 2016

Trata y tráfico de personas, delito que de a poco aumenta


DENUNCIAS

233 denuncias de trata y tráfico en todo el país fueron recibidas en los primeros cincos meses del año, según reportes de la Policía y del Ministerio Público. Esta cifra representa el 40% del total de casos recibidos en 2015.

La trata y tráfico es uno de los problemas que más preocupa a la sociedad, especialmente por el aumento de denuncias que sólo en los primeros cinco meses del año llegaron a un total de 233 en todo el país; aunque de esos casos, sólo uno corresponde a Chuquisaca, la presencia del delito y del miedo a que un ser querido sea víctima de ello es innegable.

De acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca, en 2015 se denunciaron un total de seis casos, aunque de esos, dos fueron rechazados pues no eran casos de trata. De los cuatro que sí fueron procesados como delitos de trata y tráfico, el 50% ya tiene sentencia y de la otra mitad se estima instalar un juicio en los próximos meses.

Ximena Camacho, la actual representante de la Defensoría, precisó que de acuerdo con datos de la Policía, este año sólo se denunció un caso de trata y tráfico.

EL 40% DE LOS CASOS DE 2015
En el país, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó que según un informe recopilado de los registros de la Policía y el Ministerio Público, en los primeros cincos meses del año se registraron al menos 233 denuncias de trata y tráfico en todo el país, que representan el 40% del total de casos recibidos en 2015.

"La Policía Nacional del Observatorio Ciudadano registró de enero a mayo de este año 233 casos sobre trata y tráfico de personas", informó Velasco en la inauguración del ciclo de cine sobre trata y tráfico en la Cinemateca de La Paz realizado durante esta semana.

Señaló que los casos suben cada año y que la Fiscalía debe hacer un mejor trabajo para identificar y dar con los responsables de estos hechos.

Informó que en 2012 se registraron en el Ministerio Público 312 casos de trata y tráfico y en 2013 hubo 216 casos; el año con mayor cantidad fue 2014, con 812 causas.

El año pasado se registraron 584 casos, de los cuales 333 fueron denuncias de personas desaparecidas; hubo además 72 denuncias de explotación laboral; 59 de explotación sexual; 25 de adopción ilegal de niños y niñas; 12 de venta de menores de edad, 46 de pornografía infantil; 20 de proxenetismo; diez de tráfico de personas y siete de violencia sexual comercial, según la información de Velasco.

La Ministra expresó que lo más preocupante de estos hechos es que en 2014 sólo se emitieron 12 sentencias y en 2015, nueve.

"La Fiscalía, en coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia, no administra una justicia adecuada, es difícil identificar y romper con estas barreras, encontrar esos cabecillas y lamentablemente los sueltan y no sabemos cómo actúan las fiscalías departamentales", señaló Velasco.

Ayer, 30 de julio, se conmemoró el Día de Lucha Contra la Trata y Tráfico de personas.

Pero ¿qué es la trata de personas?
De acuerdo con material informativo de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, la trata de personas es la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, como el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.

Las víctimas, que puede ser cualquier persona, pueden ser trasladadas dentro o fuera del país y son privadas de su libertad con el fin de ser explotadas en distintas formas; dentro del país, según el documento de la Defensoría, las más recurrentes son la explotación laboral, la explotación sexual comercial, guarda o adopción, mendicidad forzada, empleo en actividades delictivas, la extracción de órganos y el matrimonio servil, unión libre o de hecho.

Mientras que el tráfico de personas es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado en el que la víctima no es nacional ni residente permanente, con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material; en la mayoría de los casos, el ingreso es con documentos ilegales o sin cumplir con los requisitos solicitados por ley.

Es decir, que el tráfico de personas sólo se cumple cuando se cruza una frontera. La diferencia entre ambos delitos es el hecho de que la trata es considerada un delito contra una persona y una violación de los derechos humanos de ella, mientras que el tráfico es un delito contra un Estado y una violación de las leyes migratorias de un determinado país.

¿Qué es la trata y el tráfico de personas y que sanción tienen?
De acuerdo con la tipificación realizada por la Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas, comete trata de personas quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona realizare, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima, con cualquiera de los siguientes fines:

1. Venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de lucro.
2. Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos corporales, células, órganos o tejidos humanos.
3. Reducción a esclavitud o estado análogo.
4. Explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de servidumbre.
5. Servidumbre costumbrista.
6. Explotación sexual comercial.
7. Embarazo forzado.
8. Turismo sexual.
9. Guarda o adopción.
10. Mendicidad forzada.
11. Matrimonio servil, unión libre o de hecho servil.
12. Reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o sectas religiosas.
13. Empleo en actividades delictivas.
14. Realización ilícita de investigaciones biomédicas.
En el mismo artículo (281 bis del Código Penal) se sanciona el delito de trata con privación de libertad de diez a 15 años, que puede agravarse si el autor tiene una relación de parentesco o consanguinidad con la víctima, si es funcionario público o si usa drogas o armas para realizar el hecho.
Asimismo se prevé un incremento de la pena de 15 a 20 años cuando la víctima es un menor de edad, una persona con discapacidad o una mujer embarazada, se produzca una lesión gravísima o esté en peligro la vida de la persona; además de si el autor es parte de una organización criminal.


Vecinos exigen proyectos de seguridad ciudadana

Vecinos de diferentes zonas y distritos de la urbe alteña exigen la implementación de proyectos de mejora de alumbrado público, además de un incremento de efectivos para el patrullaje policial.

“En este sector (barrio Anexo Santa Rosa) y la calle Alberto Mora se vive en total oscuridad, como consecuencia de la falta de alumbrado público que demandamos al Municipio, es por eso que la mayor parte de los vecinos debemos salir a la puerta de calle y esperar que lleguen nuestros hijos del colegio, al igual que los familiares que trabajan. No tenemos seguridad de nuestras vidas, ni de nuestras casas”, exclamó Guillermina Mamani, quien, al igual que otros vecinos del sector de Alpacoma, avenida Litoral, demanda alumbrado público para mejorar la seguridad.

Por su parte, el comandante de la Policía en El Alto, coronel Agustín Moreno, informó que la urbe alteña descendió al cuarto puesto en el ranking de ciudades con la peor calidad de seguridad ciudadana en el país, sin embargo esto muestra aún el alto índice de casos delictivos registrados en la urbe alteña.

Además, dio a conocer que en la actualidad la ciudad solamente cuenta con 1.800 efectivos policiales, por lo que espera que en los próximos meses, se pueda nuevamente reforzar la presencia de la institución verde olivo.