El ciudadano de a pie tiene el derecho de conocer qué está haciendo su dignatario de elección popular, qué está haciendo su Ministro, qué hace el director de cualquier institución pública.
ENTREVISTA
MÓNICA BANEGAS, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Mónica Banegas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador, a su paso por Bolivia junto a una nutrida delegación de ese país para participar en la Ronda de Análisis de los Mecanismos de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mesicic) en La Paz, en contacto con Cambio, comparó los procesos de transparentación en el Estado.
La funcionaria destacó la presencia mayoritaria de los indígenas en Bolivia. La delegación ecuatoriana además estuvo integrada por representantes de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado y Ministerio de Relaciones Laborales de Ecuador.
—¿Qué similitudes halla en las acciones de lucha contra la corrupción entre Bolivia y Ecuador?
—Creemos que hay mucha similitud entre Bolivia y Ecuador en cuanto a la última Constitución aprobada, y creemos que estamos con los mismos esfuerzos de querer tener un país transparente, un país con cero corrupción y que dé un mejor vivir o un buen vivir a los ciudadanos.
Visitamos La Paz con una delegación de funcionarios ecuatorianos. Hemos venido a reunirnos con nuestros pares de Bolivia, con los que luchamos contra la corrupción.
En el caso ecuatoriano, cuando se aprobó la Constitución en 2008 se creó, se elevó a función de Estado el poder ciudadano. Se creó la quinta función de Transparencia y Control Social y dentro de esta función, que son seis instancias, se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del cual tengo el honor de ser consejera. (Esta instancia) fue creada precisamente para promover la participación ciudadana y el control social con la ciudadanía, investigar denuncias de actos de corrupción y designar a algunas autoridades con procesos transparentes y diferentes para aseguramos que las más altas autoridades en el país sean las más capaces y las que tengan probidad pública notoria.
—¿Cuál es el nivel de intercambio de experiencias entre los dos países?
—Bolivia nos está compartiendo sus leyes y experiencias, creemos que son procesos bastante parecidos los que tienen los dos países y podemos trabajar conjuntamente.
Reconozcamos que Bolivia es un Estado Plurinacional con más del 60% de su población indígena. En Ecuador la población indígena es menor, sin embargo se ha empezado a reconocer a los pueblos indígenas afroecuatorianos y montubios.
De hecho, ellos ahora son parte de importantes instituciones en el Ecuador. Hay ministros y embajadores como Ricardo Ulcuango, que es embajador en Bolivia. Dentro del cuerpo colegiado en el que estoy, que somos siete consejeros, cuatro hombres y tres mujeres, un miembro es indígena. Eso es haber cumplido con la nueva Constitución, que eleva a función de Estado el poder ciudadano, que reconoce a los grupos que tradicionalmente fueron vulnerados como los indígenas y darles su espacio como personas capaces, educadas con conocimiento, con toda la habilidad y actitud de ejercer un cargo. En esto Bolivia y Ecuador están por el mismo camino.
—¿Qué experiencia es la que más destaca de Bolivia en la lucha contra la corrupción?
—Nosotros hemos visto que Bolivia tiene una metodología extensa para la rendición de cuentas. Son aproximadamente 15 pasos, que empiezan con el contacto de la autoridad, se le pide la documentación necesaria para que la ciudadanía la vaya leyendo y conociendo.
Luego existe un primer encuentro donde se le pide rendición de cuentas sobre esa información. Después de eso, la ciudadanía hace acotaciones y cuestionamientos, y pide que se complete la información, y se vuelven a encontrar en un espacio, donde nuevamente el dignatario de elección popular o funcionario público, ministro u otro, tiene que demostrar que tomó en cuenta esos cuestionamientos o recomendaciones de la ciudadanía y que está mejorando su gestión.
Ese procedimiento de 15 pasos es una experiencia muy buena que el Ecuador puede tomar en consideración.
También nosotros estamos conociendo que existen autoridades que han sido electas por votación popular y estamos viendo cómo resultó ese mecanismo y cómo se implementaron las unidades de transparencia y cómo la ciudadanía se involucra en esos temas nuevos que el Ecuador podría tomar en consideración, ya que creemos que hay una respuesta positiva para luchar contra la corrupción.
—¿Cuál puede ser el aporte del Ecuador en la lucha contra la corrupción en Bolivia?
—Está de por medio la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que ya la tenemos, y la creación de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es electo de una forma distinta, a través de un concurso público de méritos, ya que finalmente somos representantes ciudadanos, que dentro del Estado facilitamos la participación de la ciudadanía, creo que éso se debe rescatar.
—¿Cómo funciona el sistema gubernamental de lucha contra la corrupción en su país?
—En Ecuador tenemos un organismo que lucha contra la corrupción, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que recibe denuncias de los ciudadanos y que en forma reservada investiga los actos de corrupción, y una vez que se descubren indicios de responsabilidad civil, penal o administrativa, las hace conocer a la función judicial.
Tenemos la obligación de ser patrocinadores o parte procesal y de exigir que la autoridad judicial dé la respectiva sanción a aquel ciudadano o funcionario público que haya hecho un acto de corrupción. En el caso de Bolivia también existe un ministerio que está haciendo lo mismo, investiga denuncias de actos de corrupción y asimismo pide a la función judicial que dé la debida sanción, porque eso significa recuperación de dinero para los ciudadanos.
—¿Cómo se ejerce el control social y la participación ciudadana en su país?
—Los funcionarios somos los facilitadores para que la ciudadanía ejerza el control social y la participación ciudadana real que viene desde la sociedad civil.
El ciudadano de a pie tiene el derecho de conocer qué está haciendo su dignatario de elección popular, qué está haciendo su Ministro, qué hace el director de cualquier institución pública, ya que finalmente el ciudadano comprende que no basta con ir a votar, sino que lo más importante es hacer un monitoreo constante de la gestión de la autoridad por la que votamos, a la que le dimos nuestra confianza.
Es un despertar de la ciudadanía por involucrase en la cosa pública, finalmente la cosa pública no es de quien la administra, sea Alcalde, Presidente o un diputado, la cosa pública es de los ciudadanos que pagan sus impuestos.
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