Sunday, June 30, 2013

Disminuye el robo de vehículos; el de motos sube

Bastan 12 minutos para que una motocicleta desaparezca de la vía pública. Según la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), los denominados auteros han encontrado mecanismos más rápidos para robar los motorizados y en particular las motos chinas, que son más vulnerables.

Sólo en 2012, Diprove registró 2.489 casos desde robo de accesorios y motocicletas hasta vehículos. Según Diprove el índice de robo de vehículos ha bajado en un 70 por ciento en lo que va de 2013, en comparación al mismo periodo en 2012. Sin embargo, el robo de motocicletas, sobre todo de industria china, continúan en niveles altos. Los ladrones pueden robar una de estas motos en 12 segundos vulnerando el sistema eléctrico.

De acuerdo con el informe de Diprove, el mayor número de denuncias de robo se registró en marzo de 2012 con 262 casos, en julio con 255 y en enero con 245. El mes con menos denuncias fue noviembre con 160 casos.

El subdirector de Diprove, Marco Miranda, aseveró: “Se ha reducido el robo de vehículos en un 70 por ciento respecto a 2012; pero se mantiene el robo de autopartes”.

Miranda dijo que “sobre todo se registran casos de robo de motos chinas, debido a que si se rompen los cables de contacto, se activa el contacto directo, esto no ocurre con las motos de fabricación japonesa y los delincuentes saben eso”.

“Tenemos evidencia en videos que los delincuentes necesitan 12 segundos para robarse una moto”, explicó.

Según el jefe policial: “Es importante que la ciudadanía tome las medidas preventivas para que no ser víctimas del robo de motocicletas, mucho depende de las medidas que toman los conductores”.

“Luego de ser robadas estas motocicletas son llevadas a lugares alejados como: Omereque, Torotoro y Chapacirca, donde las comercializan como chutas”, agregó. Los compradores de motos robadas adquieren motos chinas sin papeles, los precios pueden variar entre 1.000 a 1.500 bolivianos.

El subdirector de Diprove, Marco Miranda, indicó que “sobre todo a los conductores de motocicletas se les recomienda utilizar un candado en la rueda y una cadena, de esta forma es más difícil robar, porque los delincuentes andan a pie y se lleva la moto como si fuera de su propiedad”.

“Las personas que tienen vehículos considerados de lujo, deben asegurar sus autopartes como ser retrovisores, guiñadores y faroles, así como poner remaches en las insignias de la marca”, agregó.

Debido a que también se ha denunciado el robo en baterías, por esta razón se recomendó a los conductores asegurarlas con un pasador, por eso es fundamental que los conductores tanto de vehículos como motocicletas tomen sus propias medidas de seguridad, teniendo en cuenta el lugar donde dejan sus motorizados”.

“Es importante que la población tome conciencia y deje su vehículo en un parqueo donde existe mayor control y seguridad”, enfatizó.

“Por ejemplo, en otras ciudades como La Paz hay parqueos de varios pisos, cosa que en Cochabamba todavía no es común”, agregó Miranda.

“Con estos parqueos estaríamos previniendo el robo sobre todo de autopartes de movilidades y motocicletas, que son las más cotizadas por los auteros”, dijo.

El jefe policial dijo que “también es importante que los conductores no dejen objetos a la vista al interior de los vehículos, es prudente que los guarden en la maletera o en un lugar que no sea visible desde el exterior”.

Controles en “auto ventas”

El subdirector de Diprove explicó que “en la auto venta de la avenida Beijing existe una oficina de Diprove que funciona los días miércoles y sábado, donde tenemos personal capacitado para orientar y verificar los vehículos”.

“La finalidad de esta oficina es que las personas que compran sus vehículos este seguros que no adquieren motorizados que están con documentación falsa o con algunas modificaciones en el número de chasis”, agregó. Se estima que en cada feria, unos 30 conductores solicitan información en esta oficina

Salen de San Pedro 50 niños mayores de 11 años

Más de 50 niños mayores de 11 años fueron retirados hasta el pasado viernes de la cárcel de San Pedro de La Paz, conforme a los primeros acuerdos entre los internos de ese penal y el Defensor del Pueblo, mientras que aún no se tiene una decisión de consenso sobre los niños comprendidos entre los seis y 11 años.

La Dirección de Régimen Penitencia dispuso, tras las denuncias de violaciones de menores en los penales, que sólo quedaran en esos recintos menores de seis años junto con sus padres, lo que provocó que los internos se declararan en estado de emergencia e incluso instalaran piquetes de huelga de hambre.

El delegado de los internos de San Pedro, Ever Quiliji, en declaraciones a ATB, dijo que la mayoría de niños mayores de 11 años ya dejaron el penal pese a que se acordó un plazo de siete días. “Creo que ha sido un buen acuerdo”, dijo advirtiendo que resta saber qué pasará con los otros niños.

Saturday, June 29, 2013

ONU: Sólo lactantes deben vivir con reas



La Organización de Naciones Unidas (ONU) se opone a la presencia de niños en las cárceles, pero, aun cuando se diera el caso, considera que la estadía de infantes debe limitarse a la edad de lactancia y sólo si la madre y el padre están recluidos.

El representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, Dennis Racicot, explicó ayer a la agencia ANF que si en la práctica de algún Estado existe presencia infantil en las cárceles, porque sus dos progenitores están privados de libertad, se debería tomar en cuenta como “mínimo” que el infante esté junto a la madre hasta concluir la etapa de lactancia.

Sin embargo, reiteró que no es posible que esté con su padre, porque en un penal poblado de hombres el menor está expuesto al riesgo de abusos y violencia. El miércoles, la Defensoría del Pueblo logró un acuerdo con los privados de libertad de San Pedro para que sus hijos mayores a 11 años dejen de vivir en ese centro de reclusión.

La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, anunció ayer que los próximos penales donde se espera alcanzar ese mismo acuerdo son el Centro de Orientación Femenina de Obrajes y también la cárcel de Palmasola en Santa Cruz.

Videos implican a un teniente en robo de dinero a procesado



El teniente Jhonny Q.A., que se desempeñaba como investigador en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), y el exfiscal de la Unidad Anticorrupción Óscar F.N son investigados por la desaparición de 80.000 euros y Bs 53.000 de propiedad del colombiano Édgar Ortiz Forero, que es procesado por legitimación de ganancias ilícitas.
La fiscal de Distrito Marina Flores confirmó el inicio de las pesquisas contra los dos funcionarios públicos, al afirmar que no se tolerará presuntos actos de corrupción, más aún cuando se cuenta con abundantes evidencias que hacen presumir que los sospechosos cometieron delitos.
La investigación cobró fuerza, luego de que en las imágenes de seguridad de cajeros del Banco Económico se observara al oficial de la Policía cuando presuntamente utilizaba una tarjeta de débito, supuestamente de propiedad del colombiano.
Los informes de la entidad financiera señalan que el efectivo hacía retiros de diversas cantidades de dinero, luego de haber obtenido la clave de la cuenta del extranjero, que estaba detenido preventivamente en el penal de Palmasola.
El colombiano, que ahora goza de libertad con medidas sustitutivas, tenía en su cuenta Bs 52.969 y, tras los retiros del teniente y tres de sus familiares, solo quedó con Bs 13.81.
La historia del caso se remonta al 8 de mayo de 2012, cuando en la calle Libertad efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) capturan a Ortiz como sospechoso. Tras la requisa en la Felcc, en presencia de la fiscal Fanny Alfaro, descubren que el detenido tenía 120.000 euros en los bolsillos del pantalón. Como no se lo implicó en ningún otro delito, fue derivado a la Felcn, con un informe y el dinero.
En la unidad antinarcóticos, se hizo cargo del caso el teniente investigado.

80.000 euros bien guardados
Alrededor de las 16:00 de ese día, el policía denunciado requisó al colombiano y junto a otro agente descubren que tenía 80.000 euros adheridos a sus partes íntimas. “Esa cantidad de dinero no fue declarada por el oficial, ni citada en ningún informe policial, simplemente desapareció”, denunció el abogado Fernando Ortiz, defensor del extranjero.
Tras la denuncia, Jhonny Q.A. fue cambiado al Control Operativo Aduanero (COA), el 8 de junio.

Benevolencia fiscal
Tras el cambio del sospechoso, el 26 de junio asumió el caso el teniente de la Felcn, Wálter Ponce. Fueron las acciones de este investigador, las que permitieron que se obtengan los videos que ahora complican al oficial procesado.
Los documentos se remitieron a las autoridades superiores de la Felcn y también se hizo notar que el exfiscal, pese a conocer el caso, rechazó la denuncia. La fiscal de Distrito dijo que actuará con severidad

Denuncian tortura para que cante el pin
La defensa del colombiano Édgar Ortiz Forero, a través de su abogado Fernando Ortiz, denunció formalmente actos de tortura.
La denuncia señala que Ortiz Forero, que salió libre dos meses después de su detención, sufre secuelas del ultraje, pues orina y defeca aún con sangre. Además que sufrió torturas en uno de los dedos de la mano para que revele el número de pin de la tarjeta de débito.
La fiscal de Distrito Marina Flores aseguró que está pidiendo informes y consideró que cualquier detenido merece el respeto a sus derechos y que se aplicará sanciones drásticas contra los responsables.
Mientras tanto el capitán Yumer Dante Justo Condori, que se desempeñaba como jefe regional del Grupo de Investigación y Análisis Económico Financiero, fue cambiado de sus funciones la tarde de ayer. Yumer Dante elevó informes del caso a sus superiores tras la recepción del colombiano el 8 de mayo en la Felcn. Hizo conocer a su jefe inmediato en La Paz, el mayor Ismael Tito Villa Vargas, además del jefe de la Felcn de entonces, Fernando Amurrio. Existe otro informe elevado por Ismael Tito Villa al jefe nacional de la Felcn Gonzalo Quezada y fiscales.

Cambian al jefe del Giaef

Sorpresivo cambio en la FELCN
El jefe del Grupo y Análisis Económico Financiero, Yumer Dante Justo Condori, fue cambiado de sus funciones ayer pese a los informes que elevó haciendo conocer el hecho a sus superiores.

La Felcn dará su versión
El jefe de la Felcn, Paúl Saavedra, dijo que hoy dará su versión oficial sobre el tema. Sin embargo adelantó que el caso estaba en manos de fiscales de la unidad anticorrupción.

Atropello a derechos humanos
El 6 de septiembre el jefe del Giaef, Yumer Dante, se reunió en la Fiscalía con los fiscales antidroga, Álex Osinaga, Carlos Robles y Ruddi Parada.

Friday, June 28, 2013

La cárcel de San Pedro es una ciudad dentro de otra, donde la gente hace de todo para sobrevivir



La cárcel de San Pedro es una pequeña ciudadela enclava en el centro de La Paz, que en sus poco más de 8.000 metros cuadrados replica lo que ocurre en las grandes urbes del país: diferencias sociales, ajetreado comercio y gente que viene y va realizando actividades para sobrevivir. En sus calles hay personas que piden dinero para subsistir y otras que, en el otro extremo de la escala económica, se dedican al comercio y administración de bienes inmuebles.

Y como en toda urbe, hay también destilerías, en este caso artesanales y camufladas en pequeñas celdas, donde cualquier fruta o tubérculo puede dejar de ser alimento para convertirse en poco tiempo en algún licor, que luego se vende a buen precio a una población a la que le sobran motivos para ahogar las penas con alcohol.

La cárcel de San Pedro es una edificación de más de 100 años que alberga aproximadamente a 2.000 reclusos, la mayor parte sin sentencia. Las celdas, que más parecen habitaciones de algún conventillo, están desplegadas en la parte baja y el primer piso de la edificación, que está dividida en secciones y áreas comunicadas por estrechos pasillos que desembocan en patios. En uno de ellos destaca la imagen de San Martín de Porres, el santo que dedicó su vida a ayudar a los pobres.

Este jueves, cuando La Razón Digital visitó el penal, un sol tenue ingresaba tímido hasta las calles del recinto carcelario sobresaturado de edificaciones improvisadas que intentan dar cabida a la sobrepoblación penal. Las celdas de aproximadamente tres por tres metros están divididas en dos y en algunos casos se alquilan a 300 bolivianos por mes, según tarifa definida por “los propietarios”, contó uno de los inquilinos. “Hay varios y tienen varias propiedades”, reveló.

Dijo que se trata de una sociedad con sus propias reglas y normas internas, donde al igual que ocurre fuera de sus paredes hay transgresores, por lo cual fue formado un grupo de seguridad. Durante la visita, vimos al menos a cuatro personas con distintivos de seguridad. Son los mismos reclusos que hacen de seguridad privada.

Tras la puerta de metal y las rejas que separan a los reclusos de la libertad, decenas de personas se encuentran aglomeradas esperando una visita o simplemente para ver a quienes caminan en la plaza Mariscal Sucre, que está frente al reclusorio. Otras caminan ansiosas esperando la llegada de algún visitante para trabajar como “taxis”, que es el denominativo que llevan quienes se dedican a llevar mensajes o a guiar a las visitas.

Y cuando algún extraño ingresa recibe de inmediato una avalancha de ofertas, para comprar alguna artesanía, dulces, pasteles o alguna otra cosa. Uno de los reclusos lleva una bandeja con galletas que rellenó con dulce de leche y bañó con coco rallado. De su venta depende su subsistencia.

Los taxis pelean por clientes como ocurre en los aeropuertos y cuando se comienza a circular por las calles del penal se encuentra de todo: puestos de venta de comidas, de golosinas, salteñería y hasta un puesto de venta de controles remoto para televisores.

“Tenemos que comer, hay que conseguir dinero”, explica un entrevistado que pide guardar su nombre en reserva, aunque se anima a detallar que no es boliviano y que ya está tres años con detención preventiva. Él también encontró una actividad para ganarse el pan del día, en su pequeña celda instaló una artesanal fábrica de bebidas alcohólicas, por lo que asegura que en la cárcel “no necesitamos alcohol” (del que ingresan desde afuera).

En su celda entra un catre de una plaza que cubre con una frazada a cuadros y en una pequeña repisa un televisor blanco y negro de 12 pulgadas. Al lado del catre oculta dos botellas del licor que elabora, listas para la venta, y a la vista, en la puerta de ingreso, está un pequeño mueble con verduras, frutas y una estufa, que forman parte de su fábrica de alcohol.

“Hago la bebida de piña, papaya, plátano, arroz y de yuca. Paro esto necesito azúcar, por balde necesito como cuatro libras de azúcar. Acá ya está macerando, mira, es de arroz, para que tenga más fuerza. Otros pensaban que le echaba alcohol, pero no, solo es maceración por cinco días”, explicó mientras mostró el balde de maceración con el “quita penas”.

El resultado de este proceso es comercializado en 10 bolivianos, en botellas desechables de litro y medio de gaseosas. “Hay que juntar siempre (la venta) para vivir tranquilo también”, justificó y contó que ahora la venta bajó, por todo lo desatado a partir de la denuncia de violación a una menor en el recinto.

El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, denunció ese hecho, que apresuró la decisión de cerrar el centro de reclusión a partir de mediados de julio a nuevos presos, quienes serán llevados al penal de Chonchocoro, al centro Calahuma y a otros recintos en Patacamaya y Sica Sica. Además serán retirados del penal, los hijos mayores de 11 años de los presos, a quienes se destina un pre-diario.

Al menos 80 mujeres pernoctan en las celdas de sus parejas, pero para ello también hay que pagar, según la fuente. “Mi señora paga cinco bolivianos al encargado de la puerta”. Él tiene un pequeño niño que se queda al cuidado de la madre fuera del recinto penitenciario.

Quien alquila la celda al fabricante de alcohol artesanal es uno de los beneficiados en esta sociedad encerrada. También es privado de libertad, pero es dueño de al menos siete celdas, además del billar. Hay otro, según cuentan los reos, que administra una tienda y es propietario de cinco celdas.

La Posta es algo así como la zona Sur en el caso de La Paz, es la sección en la que están los privilegiados, separados de los “presos comunes”. Los reclusos cuentan que ingresar en este sector cuesta mucho y que quienes lo consiguen viven en mejores condiciones y con mayor seguridad, que es una de las cosas que más preocupa dentro de estas paredes.

Como al entrar, al salir del penal llueven los ejemplos de los esfuerzos que deben hacer sus habitantes para sobrevivir en un mundo hostil. Un joven se acerca a una mujer que vende comida y le lanza una propuesta que pone a prueba su sensibilidad. “¿Cuándo le he pedido algo señora? Es la primera y última vez que le voy a pedir algo: regálame 50 centavos”. El dinero cae a sus manos y pinta una sonrisa en su rostro.

Los reos dicen que recaudan Bs 75.000 al mes en San Pedro

Los recursos, sin montos precisos, son entregados por los internos nuevos y "padrinos" de secciones.

A lrededor de 75.000 bolivianos al mes recaudan los privados de libertad, sentenciados y preventivos, en el penal de San Pedro, informó el delegado de la sección Los Pinos, Jorge Peñaranda.

El interno, en rueda de prensa, afirmó que pese a los compromisos firmados por Ramiro Llanos, director general de Régimen Penitenciario, los internos carecen de atención sanitaria, educativa, rehabilitación e infraestructura.

Peñaranda afirmó que mensualmente se apoya a las nueve secciones del reclusorio en los rubros de mantenimiento, limpieza, aseo, apoyo logístico en educación, infraestructura, seguridad y otros.

"Estos gastos se realizan con los aportes voluntarios, que realizan los internos nuevos y algunos 'padrinos' de distintas secciones", aunque no precisó el monto generado por estos conceptos.

Insumos básicos. Peñaranda recordó que entre los insumos que adquieren con financiamiento propio son escobas, esponjas, basureros, detergente y lavandina. "Se utilizan 1.330 escobas, 4.500 bolsas de Ace y 180 litros de lavandina que hacen un total de 5.400 bolivianos por mes".

Recordó también que se realizan mantenimientos menores con la adquisición de focos, duchas, resistencias para duchas, cables, pinturas, en los que se invierte 4.500 bolivianos mensualesy se destina otros 3.700 bolivianos para la adquisición de botas y guantes para agua, y overoles.

"La ley 2298 refiere que cada interno, cuando ingresa al penal de San Pedro, debe recibir una dotación de jabón, pasta dental, cepillo de dientes y champú para su aseo, pero no sucede. Régimen Penitenciario se lava las manos y los internos gastamos cerca de Bs 37.500".

Otros gastos. El delegado de Los Pinos explicó que cada sección recibe 1.000 bolivianos para los internos de escasos recursos que se rehabilitan a través de terapias ocupacionales en peluquería, zapatería, computación y otros. Añadió que sólo en la mejora de infraestructura, se gasta 4.000 bolivianos mensuales que el Estado debería atender, "pero no lo hace", según un delegado de la sección Cancha.

Además, Peñaranda afirmó que 5.000 bolivianos por mes se gasta en apoyo humanitario para los reos que recuperaron su libertad. Finalmente, dijo que se entrega Bs 3.700 al personal de seguridad.

"Por eso es nuestra molestia, porque Ramiro Llanos lo único que hace es sindicarnos y atacarnos, olvidando que los reos generamos recursos. Si la autoridad se hace cargo de las necesidades básicas, entonces no tenemos porqué protestar".

Firman un acuerdo para que niños mayores de 11 años salgan del penal. Los niños mayores de 11 años deberán abandonar la cárcel de San Pedro de La Paz en un plazo de siete días, según un acuerdo firmado el jueves entre los privados de libertad y representantes de la Defensoría del Pueblo de La Paz, informó la delegada de esa institución en La Paz, Teófila Guarachi.

Inversión en seguridad en el país no alcanza ni el 12%

La Cumbre de Seguridad Ciudadana que se desarrolla en Sucre reveló que este año hay más de Bs 500 millones distribuidos entre las gobernaciones y municipios del país para seguridad ciudadana, pero hasta mayo solo se invirtió Bs 59 millones, es decir, poco más del 11%. El argumento de la baja ejecución es que hay vacíos en la ley 264 de Seguridad Ciudadana y la demora en la licitación de proyectos que recién están saliendo este mes.

Los datos presentados por el Gobierno muestran que hasta el quinto mes del año, de los Bs 516,3 millones presupuestados para planes y proyectos de seguridad ciudadana, tan solo se ejecutó Bs 59,1 millones, lo que representa el 11,5%.

Según una nota del Ministerio de Gobierno, Santa Cruz, que programó Bs 81,7 millones para invertir en seguridad ciudadana en 2013, ejecutó hasta la fecha Bs 27,3 millones, mientras que la Alcaldía de La Paz, que programó Bs 20,5 millones, reportó una ejecución de Bs 0,6 millones. La nota no hace ninguna referencia a municipios o gobernaciones manejadas por el MAS.

Los gobiernos departamentales y municipales, sobre todo los del eje central, en su exposición en el marco de la cumbre de seguridad ciudadana denominada Invertir para vivir bien y más seguros, señalaron que están construyendo infraestructuras y módulos, pero faltan policías y equipamiento.

En su exposición, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo que esta gestión tiene previsto destinar Bs 20 millones para seguridad ciudadana. El burgomaestre señaló que la ejecución presupuestaria parece baja porque recién este mes se están publicando las licitaciones de los proyectos.



Policías, a las calles

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, propuso retirar a los policías de Seguridad Física de las instituciones públicas y privadas para que coadyuven en las calles. “El único que necesita policías es el Ministerio de Gobierno. Queremos policías en las calles y con los vecinos”, agregó, en referencia a los otros ministerios que en su criterio no necesitan de este servicio.

Romero admitió que hay debilidad en las políticas de prevención por parte del Gobierno, pero a la vez pidió a las instituciones públicas y privadas del país sumarse en la corresponsabilidad.

La autoridad destacó la aprobación de normativas de seguridad ciudadana, como la regulación del expendio de bebidas alcohólicas, el control de buses por GPS y la conformación de una estructura de instituciones para operativizar estas normas.

Romero señaló que hay sugerencias para combatir la inseguridad como la intervención de la fuerza militar, la Gendarmería Municipal o la Policía Autonómica, pero sostuvo que la seguridad es función específica de la Policía.

El alcalde de Sucre, Moisés Torres, destacó que uno de los objetivos de la reunión es "tomar decisiones destinadas a encontrar un clima de bienestar y tranquilidad para todos los ciudadanos".

Del evento participan cerca de 172 delegados del Gobierno Nacional, la Policía boliviana, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y los gobiernos departamentales y municipales. Los asistentes debatirán hoy las propuestas y las conclusiones serán presentadas hasta mediodía

LOS DATOS DE LA CUMBRE contra la delincuencia
1. El alcalde potosino, René Joaquino, sugirió que gobernaciones y municipios aumenten los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinados a seguridad ciudadana, del 10% que actualmente se invierte hasta por lo menos un 30%.

2. El Gobierno estima que en el país cada policía debe atender en promedio a 301 ciudadanos, cuando estimaciones internacionales determinan que la proporción aceptable de distribución es de un policía para cada 250 habitantes.

3. El Gobierno pide a gobernaciones y municipios invertir en 2.190 cámaras de seguridad, 24 helicópteros, 55 estaciones policiales, centros de mantenimiento de motorizados policiales, 1.170 motos y 977 vehículos, en los nueve departamentos.

CIFRAS

516,3 millones de BOLIVIANOS



Fueron presupuestados en los nueve departamentos para inversión en seguridad ciudadana durante 2013

59,1millones de bolivianos

Es lo que gobernaciones y municipios han ejecutado hasta mayo de este año, o sea, menos del 12% del presupuesto estimado




Número de presos jóvenes en la cárcel creció un 50%


150 adolescentes en conflicto con la ley, de entre 16 y 18 años, guardan detención en la cárcel de Palmasola por diferentes delitos, según un estudio realizado en marzo de este año por la Gobernación del departamento de Santa Cruz. La población juvenil en dicho recinto ha crecido dramáticamente en los últimos tiempos, puesto que en 2006 solo había el 1% de la mencionada cifra y entre 2012 y 2013 se incrementó un 50% (ver cuadro), de acuerdo con las estadísticas oficiales.
El equipo multidisciplinario de la Gobernación realizó un censo de estos jóvenes en todos los pabellones, excepto en el penal de máxima seguridad, denominado Chonchocorito, y en el pabellón PC 5 (internados con tuberculosis). Se les hizo una ficha con sus datos personales, se les dotó de certificados de nacimiento y cédulas de identidad, se registró su nivel de estudios, el estado de sus procesos penales, la situación familiar y los delitos por los que cayeron en Palmasola.
Se comprobó que un 35% está preso por el delito de robo agravado (atracos) y un 28% por robo simple. Asimismo, se ha detectado un alto grado de retardación de justicia, puesto que ninguno de los 150 jóvenes tiene sentencia ni en primera instancia ni ejecutoriada, solo detención preventiva. Además muchos se encuentran en situación de indefensión, ya que un 32% no cuenta con abogado defensor y un 67% nunca salió del penal al Palacio de Justicia a audiencias de cesación de la detención preventiva.
Evaluación con objetivo
Enrique Bruno, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, en su visita a Palmasola, informó de que la evaluación tiende a elaborar los perfiles de los adolescentes antes de trasladarlos al Centro Piloto de Justicia Penal Juvenil Nueva Vida Santa Cruz  (Cenvicruz), la exgranja de Espejos situada en el municipio de El Torno, donde recibirán educación y terapia ocupacional.
Se prevé que en un término de tres meses sean instalados gradualmente en dicho centro.

Lectura real del problema
Sergio Serrate, director de Cenvicruz, manifestó que el censo y la evaluación realizados en marzo en la cárcel es un trabajo técnico sin precedentes que servirá para entender por qué los adolescentes se involucran cada día más en hechos delictivos y valdrá para aplicar los programas de prevención del delito, a juzgar por Serrate.
“Primero llevaremos entre 30 y 40 jóvenes a Cenvicruz para crear programas de liderazgo. Luego trasladaremos al resto de forma progresiva. El centro tiene una capacidad para 150 personas”, manifestó el encargado de Cenvicruz

Pagan de a poco agua y luz en Palmasola
 Los servicios de agua y de energía eléctrica en la cárcel de Palmasola no fueron cortados pese a la abultada deuda por parte de la Dirección nacional de Régimen Penitenciario.
Según los datos, entre enero y abril de este año la deuda por el gasto de energía fue de Bs 574.000 y de Bs 473.000 por agua. La directora regional de Penitenciaría, Vanessa Gómez, dijo que se pagaron facturas pendientes desde diciembre del pasado año y que el resto se está pagando de a poco.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo firmó un acuerdo con las autoridades y los privados de libertad de la cárcel de San Pedro de La Paz para el retiro paulatino de los niños y adolescentes de dicho penal.

Oruro Internos protestan en techo de la cárcel y otros se declaran en huelga de hambre

Unos 25 internos protestaron ayer en el techo del Penal de San Pedro para hacer escuchar ante la ciudadanía, el pedido de renuncia de la directora de Régimen Penitenciario, Sandra Soto Pareja, pues argumentan que incumpliría con sus funciones en beneficio de la población privada de libertad, esa es la principal demanda de su movilización. Mientras que otras 25 personas entre hombres y mujeres se declararon en huelga de hambre en el recinto carcelario.

Gran parte de la mañana los internos continuaron con las medidas de presión. Como nueva alternativa de protesta, se subieron al techo del penal para hacer conocer su protesta, lo que movilizó a un gran contingente policial que estuvo custodiando el lugar para evitar algún incidente mayor, aspecto que no ocurrió.

Con botellas plásticas, palos y pancartas los internos lograron llamar la atención de la ciudadanía y de la prensa que observaron y escucharon por varios minutos sus acciones y gritos de consigna.

Para el mediodía, prácticamente los internos volvieron a la normalidad y no se tuvo mayores inconvenientes. Pese a esa situación, la huelga de hambre continuó en el recinto carcelario, 25 personas entre hombres y mujeres iniciaron la tarde del miércoles 26 de junio la medida extrema.

INTERNO

Un representante de los internos que pidió no ser identificado, señaló que el único punto de su demanda, es la destitución o renuncia de la directora de Régimen Penitenciario, Sandra Soto Pareja; la funcionaria manifestó que puso su cargo a disposición del Director Nacional de Régimen Penitenciario.

"El motivo es porque la señora no está cumpliendo con sus deberes a cabalidad, se ha olvidado del tema salud, la alimentación, la infraestructura. Muchos ámbitos que son deficientes, la doctora debería conseguir financiamiento, ayuda para el tema de la salud, de la infraestructura, la ley lo indica y de su parte no ha hecho nada", afirmó.

El interno, a nombre de la población penal, pidió a la directora Soto, que deponga su actitud y se enmarque a que el director Nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos dé la última palabra.

"La decisión la tiene ella, si ella quiere retirarse tiene que hacerlo, porque creemos que no es nada agradable que una persona que no ha cumplido con su deber la tengan que recibir aquí", manifestó.

Ayer se conoció extraoficialmente que el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, llegará este fin de semana para reunirse con los internos de San Pedro.

Por su parte, la representante del Defensor del Pueblo, Clotilde Calancha, manifestó ayer que busca al señor Llanos desde el miércoles pero no lo encuentra.

"Para nosotros es claro que el doctor asuma una posición al respecto del tema de la doctora Sandra Soto que es Directora de Régimen Penitenciario porque ella ha puesto a disposición de la autoridad su cargo", indicó.

Mientras que el gobernador del penal de San Pedro, teniente coronel Jesús Lazzo, señaló que las visitas por el momento han quedado suspendidas, para velar por la seguridad de los ciudadanos.

"Las visitas son jueves, sábados y domingos, y por hoy día (ayer) están suspendidas", afirmó.

Thursday, June 27, 2013

Unos 2.000 niños viven con sus padres en las cárceles del país

El Gobierno reconoció que 2.000 menores conviven en las cárceles con sus padres presos y anunció que buscará evacuarlos después de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó el caso de único en el mundo.

"Son aproximadamente 2.000 y en forma inmediata se levantará una estadística de los menores que viven en cárceles. Ubicaremos a familiares que puedan acogerlos y los que no tengan serán llevados a hogares públicos", dijo hoy la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, tras una reunión de instituciones vinculadas a la defensa de la niñez, pero no fijó un plazo para la evacuación.

"Es un caso único en el mundo la presencia de niños en las cárceles de Bolivia, no es un lugar idóneo para ellos", declaró a periodistas el representante en Bolivia del Alto Comisionado, Denis Racicot.

Como en muchos países de la región, las cárceles están hacinadas. Aunque los menores no están mezclados con los presos, viven en espacios muy reducidos, según las autoridades.

Un estudio privado de la Fundación Construir dijo que entre 2002 y 2012 la población carcelaria se duplicó y que 84 por ciento de los detenidos no tiene condena por la mora judicial.

Los presos que llevan a sus hijos a las cárceles alegan que son pobres o que no tienen familiares. Los acusados de narcotráfico abarrotan las cárceles y según informes de la fuerza antidrogas ese negocio ilícito está en manos de "clanes familiares" y en muchos casos son apresados el padre y la madre.

Ayllón dijo que sólo quedarán en las cárceles niños menores de seis años que es lo que permite la Ley de Régimen Penitenciario. El cumplimiento de esa norma se ha relajado tanto que "hay hasta adolescentes, incluso esposas de detenidos que viven en recintos penitenciarios", reconoció.

La semana pasada el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, denunció el caso de una menor de 12 años que vivió en una cárcel de La Paz y quedó embarazada tras ser violada varias veces por su padre, su tío y un padrino de la menor, todos presos. Esa denuncia movilizó a las autoridades.

La Cámara de Diputados envió un comunicado al Ejecutivo hoy en el que instó a remediar la situación. "¿Son los reos o el ministro de Gobierno quienes mandan en las cárceles?", se preguntó el diputado Javier Zabaleta.

Reos de varias cárceles han protagonizado protestas para oponerse a la evacuación de los menores pero finalmente aceptaron la iniciativa en La Paz y Santa Cruz, las ciudades más importantes.

La policía está a cargo la custodia de los penales pero internamente los presos se gobiernan con reglas propias. Llanos reconoció que la complicidad entre policías corruptos y reos permite el tráfico de alcohol y drogas en las cárceles.

Roban zapatos por un valor de 60 mil dólares

Zapatos finos de industria brasilera por un valor a los 60 mil dólares fue la mercadería que robaron ladrones de una tienda ubicada en el mercado Abasto la madrugada del miércoles. Los propietarios se extrañaron ayer por la mañana (8:30) al encontrar los candados de la puerta corrediza violentados y la tienda toda revuelta. Los delincuentes no solo se llevaron los zapatos de exhibición sino la mercadería que se encontraba guardada en la parte trasera, comentó Ana Arteaga, copropietaria de la tienda que recién empezó su atención al público el pasado jueves. "No solo se robaron varios pares de calzados, sino 800 bolivianos de la venta del lunes pasado", comentó la afectada.

Nadie observó nada. Según los propietarios de la tienda robada, ninguna persona observó nada extraño pese a que la zona, por ser un centro de abastecimiento sea de noche o de madrugada, es bastante transitada por vendedores ambulantes y comerciantes.

Arteaga informó que los ladrones se llevaron su ganancia y capital invertido en la tienda y que la mercadería no estaba asegurada.

Por las evidencias colectadas por personal de la Felcc, los ladrones habrían usado un pata 'e cabra (fierro) para violentar los candados y un vehículo para sacar la mercadería robada, pues apenas dejaron dos pares de calzados.

"Con toda la inseguridad da miedo volver a invertir... porque hay peligro que nos vuelvan a robar", comentaba la mujer que no dejaba de llorar abrazada a su esposo. Es la segunda tienda de zapatos que sufre un robo de la misma naturaleza. La primera fue Usaflex, ocurrida la semana pasada por la zona de las Siete Calles.

Policía acaba con huelga y recupera el control de Chonchocoro

En medio de protestas y una huelga de un grupo de privados de libertad que se resistían acatar la ley, la Dirección General de Régimen Penitenciario y la Policía recuperaron ayer el control policial y civil de ese centro de reclusión para aplicar una sistema progresivo de presos en áreas de máxima, mediana y mínima seguridad, como establece la Ley 2298, constató un periodista de la agencia de noticias de la gubernamental ABI.

“Para mí es emocionante anunciar a la población que esta es la primera cárcel que es recuperada de la delincuencia y este centro de reclusión de máxima seguridad estaba controlado por los presos durante muchísimos años”, explicó el director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, tras la intervención.

Wednesday, June 26, 2013

Las cárceles no reúnen condiciones para albergar a reclusos del penal de San Pedro


En la localidad de Patacamaya, se evidenció que estas instalaciones fueron, anteriormente, un alojamiento que ahora es custodiado por Dircabi, mientras que la cárcel de Sica Sica sólo tiene capacidad para albergar a 40 internos.

En una visita realizada por EL DIARIO a los posibles penales de Patacamaya y Sica Sica, se pudo constatar que estas infraestructuras no tienen las condiciones para acoger a los privados de libertad de la cárcel de San Pedro.

En el primer caso, en la localidad de Patacamaya, el Decano de la Prensa Nacional evidenció que estas instalaciones fueron, anteriormente, un alojamiento que ahora es custodiado por la Dirección de Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), mientras que la cárcel de Sica Sica sólo tiene capacidad para albergar a 40 internos.

PATACAMAYA

La denominada Cárcel de Patacamaya se encuentra ubicada justo en frente de Zona Franca, es una edificación de dos plantas que tienen diferentes espacios, como habitaciones, y de acuerdo con sus características habría sido un alojamiento de una extensión aproximada de 2.500 metros cuadrados.

En su interior, efectivos de Dircabi que mantenían su custodia dieron a conocer que en pasados días se presentó el Director de Régimen Penitenciario y que a la fecha, fuera de esa visita, no se ha realizado ninguna otra y menos se dio a la tarea de edificar o reparar el inmueble para la inclusión de internos privados de libertad.

En el inmueble principal existirían alrededor de 24 cuartos pequeños donde sólo ingresaría una cama junto a su velador.

De acuerdo con los vecinos de la zona, quienes confirmaron que dicha propiedad sería un bien incautado por la Ley 1008, no tendría la seguridad adecuada para convertirse en una cárcel.

“Antes, esto era un alojamiento, aquí paraban varios vehículos y la gente utilizaba esas habitaciones”, indicó Cecilio Mamani, vecino del sector.

El ingreso a dicho inmueble se realiza por un garaje negro de no más de cuatro metros; además, está rodeado por un taller mecánico y una propiedad privada.

Asimismo, los anuncios de una posible determinación de definir una cárcel en el interior de estos ambientes no sólo sorprenden a los vecinos, sino que generan susceptibilidad cuando se establece que los reos de San Pedro podrían ser sus próximos ocupantes.

“No tenemos ninguna información sobre el traslado de reos, pero en esta construcción se podrían escapar con toda facilidad. Como usted ha evidenciado, la construcción es de dos aguas, mide no más de tres metros y sus muros son pequeños”, manifestó Gerónimo Clemente, otro vecino del sector.

SICA SICA

En cuanto a la segunda cárcel ubicada en la localidad de Sica Sica, si bien es un centro penitenciario del sector rural, el mismo se mantenía cerrado y sin ninguna autoridad o custodia policial. Pero dicho penal sólo tendría capacidad para abastecer a 40 privados de libertad, esto de acuerdo a información proporcionada por comunarios de la localidad.

Un muro de más de cuatro metros de altura junto a una identificación de “Cárcel Pública” de la provincia Aroma están registrados en la puerta principal como identificación del inmueble.

“Antes esta era la cárcel del pueblo. Generalmente se incluía a ladrones de abigeato (robo de ganado) y otros delitos menores; pero bandas delictivas, asesinos, violadores, nunca han sido encarcelados en este sector por ser peligrosos. No conocemos que quieran nuevamente habilitar esta cárcel, porque además ya está antigua, sus muros son de adobe y están por caerse”, comentó Vicente Cutipa, comunario de Sica Sica.

RÉGIMEN PENITENCIARIO

Por su parte, el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, en contacto con EL DIARIO, confirmó que los ambientes en la localidad de Patacamaya serán destinados a 1.000 nuevos prisioneros. Además, este inmueble, de acuerdo con la autoridad, estaría ahora a cargo de su despacho.

“Nosotros vamos a realizar pequeñas refacciones en su interior. No requerimos muros altos y por el contrario nuestra política es realizar cárceles humanísticas, sin policías en su interior, sólo necesitamos buen comportamiento, tendrá malla milimétrica que proteja cada una de las celdas y los uniformados controlarán desde afuera. Habrán perros de control de raza rottweiler y cerca de 1.000 personas la habitarán, no de manera inmediata”, explicó Llanos.

En cuanto a Sica Sica, según las declaraciones de Llanos, ingresarán 60 privados de libertad, la cárcel será entregada a responsabilidad del Alcalde y de la Policía Sindical el próximo 16 de Julio.

Reos en Cochabamba se amotinan por falta de pago de energia eléctrica

Los reos de seis penales del departamento de Cochabamba iniciaron un motín en sus recintos en demanda del pago de electricidad de los mismos, toda vez que habrían recibido una notificación de corte, que se efectivizaría desde este miércoles.

Los internos demandan que la Gobernación de Cochabamba y la Dirección de Régimen Penitenciario se hagan responsables de la deuda que asumieron tras seis meses de no haber pagado la electricidad de los penales de Cochabamba. Desde el penal de El Abra más de 400 internos manifestaron su molestia con el encendido de antorchas y a viva voz pedían a Ramiro Llanos responder a su demanda, pese a la lluvia tenue que caía sobre el valle.

Se presume que la Gobernación ya habría trasferido el dinero a Régimen Penitenciario, lo cierto es que se adeudan seis meses a la empresa de electricidad de ese departamento, por lo que en las próximas horas los recintos penitenciarios quedarían en penumbras.

Tuesday, June 25, 2013

Dos pildoritas hurtan Bs 3.700 y celulares

Dos mujeres que bebían en un local del kilómetro 5 del tramo a Sacaba “durmieron” a un taxista y a un militar hace días. Les robaron celulares y Bs 3.700. El taxista las halló ayer en la avenida Aroma y las atraparon.

Monday, June 24, 2013

Presupuesto para seguridad ciudadana se eleva a Bs 470 millones

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó hoy que se tiene un total de 470 millones de bolivianos recaudados entre gobernaciones y municipios para tareas de seguridad ciudadana.

Además, el destino de estos recursos y la ejecución de los planes de seguridad ciudadana en los tres niveles de Gobierno serán analizados en la próxima Cumbre Nacional que se llevará adelante el 26 y 27 de junio próximos en la ciudad de Sucre, precisó Romero.

"Hay 470 millones de bolivianos para ejecutar de Gobernaciones y Municipios en tareas de seguridad ciudadana y ahí seguramente tendremos que tomar decisiones, pero como nunca antes en este proceso la Policía ha tenido condiciones objetivas y materiales adecuadas para potenciarse, desarrollarse, legitimarse y transformarse", informó la autoridad.

Desde la promulgación de la Ley 264 de Seguridad Ciudadana, el 31 de julio de 2012, las gobernaciones deben destinar el 10 por ciento de los recursos que perciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para combatir la inseguridad, de acuerdo a lo que establece esta norma.

En el caso de los municipios, la norma determina que aquellos con población menor a 50 mil habitantes destinen como mínimo un 5 por ciento de sus recursos del IDH y aquellos que superen ese número de habitantes un 10 por ciento del IDH.

A estos recursos se suma, de acuerdo a la ley, los recursos inscritos en el presupuesto del Ministerio de Gobierno -destinados a seguridad ciudadana-, créditos y donaciones nacionales o internacionales y otros recursos.

ONU: "Es un hecho único en el mundo" que haya niños en las cárceles de Bolivia

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó hoy su preocupación por el hecho de que en Bolivia los reclusos vivan en las cárceles con sus hijos menores de edad que, según el Gobierno, son más de dos mil.

El representante de la OACNUDH en Bolivia, Denis Racicot, declaró a los medios en la ciudad sureña de Sucre que una de las características de las cárceles en el país "es la presencia de niños, que es un hecho único en el mundo".

"En la región ninguna cárcel tiene niños al interior. No deberíamos tener niños al interior de la cárcel, no es el medio idóneo y eso también en este momento es una reflexión de sociedad qué hacer", afirmó Racicot.

Las declaraciones del funcionario de la ONU ocurren en medio de una polémica por una denuncia del director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, sobre el caso de una niña de 12 años que fue violada varias veces por su padre, su tío y un padrino en la cárcel de San Pedro, de La Paz.

En declaraciones a la radio estatal, Llanos precisó que en las cárceles de todo el país viven unos 2.100 niños.

También ratificó su denuncia de la violación a la menor de 12 años en San Pedro y anunció que a partir de julio próximo no se permitirá el ingreso de nuevos reclusos en ese penal, construido para albergar a un máximo de 600 personas, pero en el que actualmente viven 2.300 reos varones y 250 niños y niñas.

Las autoridades bolivianas ya se habían planteado evacuar hace unas semanas los menores del penal ante un brote de meningitis que supuestamente costó la vida a un niño y a un adulto, pero los reos se opusieron a que sus hijos sean trasladados a casas de acogida.

La cárcel de San Pedro funciona además con un sistema de régimen abierto, sin celdas, y donde la mayoría de los internos encuentra como puede un lugar donde vivir, incluso comprando espacios a otros reclusos, según las denuncias conocidas.

Llanos lamentó hoy que la policía no haga el debido control en San Pedro para evitar, por ejemplo, el ingreso de bebidas alcohólicas o de droga para los reos, por lo que insistió en que esa prisión debe ser cerrada.

Entretanto, los reclusos de San Pedro se han declarado "en estado de emergencia" por lo que consideran "difamaciones" por parte de Llanos, a quien pidieron que no generalice y señale puntualmente quiénes son los violadores en la prisión, dijo a medios locales un representante de los reos, Ever Quilche.

La diputada opositora Mirtha Arce denunció que Bolivia incumple 42 documentos firmados con organismos internacionales sobre el tratamiento de reclusos y la protección a menores privados de libertad, según un comunicado de prensa de esa fuerza política.

Arce elaboró un proyecto de ley para fortalecer el sistema penitenciario boliviano que propone la necesidad de tener una infraestructura carcelaria adecuada, la construcción de guarderías colindantes a los penales y la formación adecuada del personal que trabaja en estos recintos.

Sunday, June 23, 2013

El Gobierno no cerrará la cárcel de San Pedro

En contraste con la declaración realizada por su director de Régimen Penitenciario, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, descartó el cierre de San Pedro, aunque prometió que se incrementarán los controles. Los reos del penal están en emergencia, anuncian que si persiste la decisión iniciarán medidas de protesta, y aseguraron que ya no permitirán el ingreso de violadores a ese centro penitenciario.

Ramiro Llanos, director de Régimen Penitenciario, luego de conocerse esta semana el caso de una menor que habría sido recurrentemente violada por su padre y otros dos internos de San Pedro, anunció el cierre del penal paceño para nuevos reclusos. Sin embargo, esa aseveración no tuvo eco en el ministro de Gobierno, quien anunció que eso aún debe esperar.

Romero señaló que eso no ocurrirá, al menos en el mediano plazo. “Hay esa solicitud del director de Régimen Penitenciario, vamos a evaluar, pero evidentemente lo cierto es que debemos ver soluciones integrales. Estamos proyectando un traslado, disponer de otra infraestructura, pero eso no será de inmediato. Evaluaremos si mantenemos esta política o si sacamos a los niños de los penales, lo cual es complicado porque está la relación de cercanía con sus padres”, manifestó.

Mientras tanto, el delegado de los reos de San Pedro, Ever Quiliche, señaló que la dirigencia espera el informe forense de la niña. “Creemos que no hubo violación y esperamos que eso se confirme el lunes. Nosotros estamos en estado de emergencia y podríamos asumir medidas si es que es necesario. Nos han tratado como si todos aquí adentro fuésemos violadores o asesinos. Somos seres humanos. La declaración de Ramiro Llanos fue injusta”, aseveró.

Además, los internos mostraron ayer por la mañana carteles que indicaban que en San Pedro ya no se permitirá el ingreso de violadores. “El Órgano Judicial deberá preocuparse a dónde los van a mandar, esa es gente enferma que requiere otro tipo de tratamiento. No aquí”, complementó el delegado Quiliche, quien esta semana reveló que los nuevos internos aportan con dinero a su ingreso.

No existe un plan

Llanos ofreció a los internos llevar a sus hijos de día a un parvulario y retornarlos de noche, pero solo a niños y niñas menores de seis años. Sin embargo, Griselda Sillerico, de la Defensoría del Pueblo, afirmó que en abril la Dirección de Régimen Penitenciario tenía que implementar un plan de contingencia para tratar este tema, pero que hasta la fecha no se lo hizo

Sobre la violación

Revelación del director
Ramiro Llanos aseguró que en la cárcel una niña fue violada en distintas oportunidades, durante cuatro años.

Lo desmienten
El delegado de los internos manifestó que no fue así. Espera que un examen forense confirme su posición.

Posición del ministro
Romero aseguró que es poco probable que se saque a los niños del centro penitenciario.

No más violadores
Los internos mostraron carteles que indicaban que en el penal ya no se permitirá el ingreso de violadores.

A futuro
El ministro de Gobierno proyecta un traslado y disponer de otra infraestructura, pero que eso no será de inmediato.

DEFENSOR DEL PUEBLO
Griselda Sillerico recordó que hasta la fecha no se implementa un plan nacional de contingencia.



Chachapuma registró casi 12 mil casos en menos de un mes

A 21 días de iniciarse los diferentes operativos de control del Plan de seguridad ciudadana Chachapuma II en Cochabamba, se registraron 11.958 casos, informó el subcomandante de la Policía en Cochabamba, coronel Alberto Suárez.

“Los resultados que se han registrado hasta la fecha desde el inicio del ‘Plan Chachapuma’ alcanzan a 11.958 casos registrados”, remarcó a medios locales tras expresar su optimismo por el resultado de los operativos policiales.

La autoridad detalló que los casi 12 mil casos atendidos en el plan responden a 82 casos por delitos, por hechos de tránsito 50 casos, por infracciones de tránsito 8.263 casos, por faltas y contravenciones policiales 3.306 casos, por auxilio a personas 153 casos y por violencia intrafamiliar 104 casos.

Friday, June 21, 2013

Ladrón disfrazado de "Ironman" roba un banco en Estados Unidos



Un hombre disfrazado del superhéroe "Ironman" asaltó un banco en un pequeño condado de Florida (sureste de EEUU) y se escapó con un botín no especificado, informó la policía este viernes.

Un hombre de aproximadamente 1,62 metros de estatura, entró al banco el jueves en la tarde enmascarado como "Ironman", usando un traje entero color canela y unas botas marrones, y sacó su pistola para exigir dinero, indicó la policía de Flagler.

Entre siete y diez personas se encontraban en el banco Wells Fargo de Belle Terre Parkway, en el condado de Flagler, al noreste de Florida, cuando se produjo el asalto que no dejó heridos en esta zona costera a más de 450 km de Miami Beach.

El viernes las autoridades del condado emitieron descripciones del automóvil donde se cree que el ladrón enmascarado se dio a la fuga.

Estafan $us 200.000 a familias de vendedores



Richard P. L., de unos 30 años, estafó $us 200.000 a siete familias de comerciantes paceños que depositaban dinero en su cuenta para que compre mercadería en China. El caso se arrastra desde septiembre de 2012 y hasta hoy ni entregó la mercancía ni devolvió el dinero.

Johnny Castelú, abogado de las víctimas, informó que el sindicado fue encontrado ayer en la oficinas de la Dirección General de Migración mientras tramitaba su pasaporte.

Se presume que pretendía huir a Londres para escapar de sus acreedores y que la suma estafada llega a los $us 350.000, ya que hay víctimas de los departamentos del interior.

Traductor. “Mis clientes lo han conocido acá (La Paz) y en China. Este señor era intérprete y por medio de él acudían a los comercios para traer la mercadería. Se ha ganado su confianza, les pedía que le envíen dinero a su cuenta, cumplió con algunos envíos, pero luego no envió más”, contó.

Pedro Ramos, subdirector de la fuerza policial anticrimen, informó que el sospechoso es de nacionalidad boliviana. Cuando se lo entrevistó dijo que no tenía domicilio en Bolivia. Los montos que adeuda por familia oscilan entre los $us 10.000 y $us 140.000. “No tenemos documento firmado por el dinero entregado, sólo giros bancarios”, explicó una de las víctimas.

Llanos anuncia el cierre del penal de San Pedro en La Paz

La iniciativa surge ante los casos de violaciones a menores en las cárceles.

Se conoció que una niña de 12 años quedó embarazada por una violación en la cárcel de San Pedro.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, anunció ayer el cierre de la cárcel de San Pedro debido a los casos de violación que se registraron en ese recinto carcelario de la ciudad de La Paz.

De acuerdo con la autoridad, el cierre estaba programado para el 17 de julio, pero se lo debe adelantar por la gravedad de un hecho que tiene que ver con una menor de 12 años, que está embarazada debido a una violación en el interior del penal de San Pedro.

“El cierre de San Pedro ya se iba dar el 17 de julio, está programado, pero este hecho (de violación) adelanta; no sólo es el caso de violación de esta niña, sino ya son cinco casos denunciados. En los penales es prohibido el ingreso de menores, porque se registraron cosas aberrantes, se masturbaban frente a una niña, por eso quiero que la población tome la decisión de manera conjunta”, manifestó.

Por su parte, el comandante de la Policía Boliviana, general Alberto Aracena, anunció ayer la creación de la Escuela Penitenciaria, con el objetivo de especializar a los funcionarios policiales en el área, además propuso que se efectúe un censo de niños que viven en los centros carcelarios.

“Estamos diseñando un proyecto estratégico en el país con el fin de crear, después del 187 aniversario de la Policía Boliviana, la Escuela Penitenciaria, para capacitar y especializar a nuestros funcionarios”, dijo en ocasión de la condecoración a su autoridad y al estandarte de la institución por parte de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados.

En Tarija hay 41 niños “condenados a vivir” en el penal de Morros Blancos

Son 41 los niños que viven en el penal de Morros Blancos de Tarija. No cometieron ningún delito, pero sus padres si, por eso conviven con 439 reos, quienes están allí acusados de asesinato, violación y robos, entre otros delitos.

Del total de niños que están en el penal, 22 son mujeres y 19 varones, según la trabajadora social del centro penitenciario, Ingrid Flores Gonzales. Aunque la Ley 2026, Código Niño, Niña y Adolescente, indica que niños mayores de seis años no pueden vivir en las cárceles, en Morros Blancos 23 menores sobrepasan esa edad.

Estos menores están expuestos a diversos peligros, como la pelea entre reos, consumo de drogas y alcohol, y hasta son testigos silenciosos de las amenazas y chantajes que ejecutan los presos más peligrosos a los “recién llegados”.

El pedido de los padres de esos menores y de instituciones como la Defensoría del Pueblo, es que se habiliten albergues especiales para los niños de Morros Blancos.



Una de tantas historias

José es un niño de cuatro años, según indica mostrando cuatro de sus dedos cuando se le consulta su edad. Él vive junto a su hermano y su madre en el penal. Cuenta que a veces van a visitarle sus amigos y que le gustaría ir a pasear a la calle.

A su corta edad, al igual que otros niños menores de seis años, no sabe las razones por las que debe jugar detrás de unas rejas y en un pequeño parque sin flores ni plantas.

Pese al frío de la mañana, él, junto a otros niños, está desabrigado y se entretiene en su juego sentado en el piso del centro del Proyecto Integral de Desarrollo Infantil (PIDI), y sin comprender la razón de estar privado de su libertad.

Son pocos los niños que acuden a la escuela, según la trabajadora social. Y si es que van no tienen una asistencia regular y no pasan al siguiente grado.



Una madre cuenta la vivencia de los niños

La madre de un niño de tres años, quien prefirió mantener en reserva su nombre, contó que no todos los padres cuidan de sus hijos durante el día, debido a que deben trabajar, o por descuido.

Los niños están en medio de los reos, según cuenta. El parque está junto a la cancha donde juegan los privados de libertad.

Indica que en el penal no hay un pediatra. Cuando los niños se enferman no pueden ser atendidos y si se agrava su situación, los padres deben pedir permiso del Juzgado del Menor para trasladarlos al hospital, pero como no pueden salir del ese lugar, encargan a la niñera y si es que ella consigue la autorización, el documento llega después de una semana o finalmente no llega.

Cuenta que su niño no quiere quedarse en el PIDI, cree que es porque no se siente bien allí. “Allá sólo juegan –indica-. Las maestras no están capacitadas, les enseñan muy poco. La niñera no lleva a los niños al hospital”.

“Los niños salen solos a comprar a las tiendas -comenta- y están expuestos a todo peligro, aquí hay gente que asesinó o violó. Los niños no tienen porqué pagar las culpas de sus padres”.

Pidió a las autoridades que el centro penitenciario sea de rehabilitación y que se creen fuentes de trabajo en el interior para sustentar a sus hijos.



La habilitación de albergues tarda

La representante de la Defensoría del Pueblo, Gladys Sandoval Salguedo, indicó que hay un compromiso del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) para habilitar un albergue en el mismo penal, para los menores de seis años. Y otro fuera de la cárcel, para los mayores de esa edad, pero que esté cerca del centro penitenciario, para no “romper el vínculo con sus padres”.

Según Sandoval, la reunión entre responsables de la cárcel, el Sedeges,la Defensoríadel Pueblo y dela Niñez, entre otras instituciones, donde se determinó habilitar los albergues, fue hace “algunos” meses. Pero hasta ahora no se hizo nada.

Se buscó una entrevista con la directora del Sedeges, Silvia Cazón, para conocer si ya se consiguió espacios para que los niños sean trasladados, pero no se encontraba en su oficina y tampoco respondió las llamadas realizadas.



Inseguridad para los niños

Tantola Defensora,la Trabajadora Socialy las madres de algunos menores coincidieron al indicar que la inseguridad para los menores en la cárcel es grande y pidieron al Sedeges agilizar la habilitación de albergues.

Cabe recordar que en menos de una semana fueron denunciados cuatro casos de violaciones en penales del interior del país. Con la habilitación de los albergues se busca prevenir los riesgos.



(NOTA DE APOYO)

Las consecuencias de crecer en las cárceles

VIRGINIA VELASQUEZ P./EL NACIONAL

Las consecuencias de crecer en las cárceles, según el psicólogo tarijeño, Nils Puerta Carranza, pueden ser diversas, entre ellas, convertirse en personas violentas o ser ensimismados.

Puerta indicó que algunos estudios determinaron lo insalubre que es para los menores vivir en ambientes como las cárceles.

“Si un niño tiene en su entorno a personas violentas –dijo- éste generalmente copia las formas de actuar”.

El psicólogo considera que para evitar traumas en los niños, al ser separados de sus padres, el Gobierno debe brindar espacios en los que ellos se sientan satisfechos y estén en buenas manos.

Tarija Plan Chachapuma frustra robo de dinero y ayuda a recuperar prendas

El plan denominado Chachapuma que viene ejecutándose por quinto día consecutivo, ayudó a frustrar un robo de 52 mil bolivianos, de una familia que era perseguida por dos sujetos desconocidos al salir de un banco. Además el plan ayudó a recuperar prendas que fueron robadas en la ciudad fronteriza de Bermejo.

El subcomandante dela Policía Nacionalen Tarija, coronel Stanley Tintaya, informó del primer caso, explicando que dos sujetos persiguieron a una familia que salía del banco Mercantil Santa Cruz con una fuerte cantidad de dinero, producto de un préstamo, quienes al percatarse de esa situación alertaron ala Policía, trasladándose hasta el comando.

“Estaban siendo seguidos por dos sujetos, uno de ellos llevaba un casco rojo y tras recibir esa alerta por parte de las personas que se percataron de la situación, como Policía activamos el plan “Z”—indicó Tintaya–se pudo evitar que este robo sea ejecutado, vale decir que el robo fue frustrado, gracias a la prevención dela Policíaque está ejecutando el plan Chachapuma”.

El jefe dela Fuerza Especialde Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Eduardo Valdez, explicó que las personas desconocidas que seguían a la familia, lo hicieron desde su vivienda ubicada en el centro de la ciudad, luego los mismos se encontraban cerca al banco y después los siguieron en motocicleta.

Recuperan prendas por el valor de $us 3.000

Otro de los logros del plan nacional Chachapuma, fue la detención de una vagoneta marca Ipsum, que en su interior trasladaba a dos sujetos que perpetraron un robo en la ciudad de Bermejo, por el valor de 3.000 dólares.

El vehículo fue retenido a la altura de la tranca El Portillo, se logró recuperar las prendas de vestir y detener a las dos personas que fueron llevadas otra vez a Bermejo.

LOS DATOS

Dos sujetos acusados de robo de prendas por el valor de 3000 dólares fueron capturados.

Una familia era seguida por dos desconocidos que aparentemente operan en bancos.

Thursday, June 20, 2013

Reo fuega de la cárcel vestido de mujer sin ser detenido por policías

Un recluso escapó por la puerta principal de la cárcel San Roque sin que se percataran los guardias de seguridad. Para burlar a la Policía dicen que se vistió de mujer y salir del recinto la tarde del martes.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC-C) investiga el hecho y a cinco policías más por el delito de encubrimiento.
Igor Rojas de 24 años de edad, natural de Potosí, que guardaba detención preventiva en la cárcel San Roque por los delitos de falsedad material e ideológica y robo, fugó el martes en la tarde, burlando a los guardias del recinto penitenciario.
El gobernador del penal San Roque, teniente coronel Jorge Lora, reveló que hubo negligencia de parte de los efectivos policiales de seguridad que permitieron que un reo escape por la puerta principal.
“No se percataron de la salida, lamentablemente ha habido negligencia de parte de la seguridad, (ellos) tienen (visitantes) una ficha verde para el ingreso y al salir los policías deben de ver eso, lo que no se hizo”, manifestó.
La fuga del recluso se conoció al promediar las 18:30, hora cuando se llama la lista a los internos.
Lora, explicó que el reo recibió el martes la visita de una persona delgada con lentes y este podría haber sido su cómplice para su fuga.
Por esta razón una comisión de efectivos policiales se trasladó a Potosí porque se presume esté en ese lugar.


DENUNCIADOS
Luego de la fuga, ayer, el Gobernador sentó la denuncia en la FELC-C en contra de Igor Rojas por el delito de evasión; además denunció a cinco policías que estaban en la guardia tanto en la puerta como en la torre.
Asimismo, se envió los informes al Comando Departamental de la Policía para que se derive a la Dirección Departamental de Investigación Interna Policial (DIDIPI) y se procese a los efectivos del orden por incumplimiento de deberes.

Detectan a reos que torturan en cárceles

El Director de Régimen Penitenciario entregó un informe sobre estos hechos.

Se ha detectado la actividad de 10 grupos de torturadores de privados de libertad en las principales cárceles del país, denunció ayer el director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.

Estos grupos, de acuerdo con el informe que fue elevado a conocimiento de la Comisión Internacional contra la Tortura, están liderados por delegados de algunas secciones, quienes torturan a los reos preventivos y extorsionan a sus familiares.

Llanos explicó que el 40 por ciento de la población penal, de las 52 cárceles del país, han sido víctimas de tortura por parte de los propios reos.

La autoridad afirmó que hasta diciembre de 2012 se pudo evidenciar torturas cometidas por autoridades en contra de los privados de libertad. El último caso al respecto se registó en el centro de orientación juvenil de K'alauma, en el municipio de Viacha.

"Había uno sólo que dominaba y mandaba en las cárceles, pero en la última década estos grupos 'privilegiados' ha crecido. A partir del 2013, ya no hay torturas de autoridades hacia la población. Lo que existe en Bolivia es la tortura de reos en contra de los propios privados de libertad".

Los drogan y alcoholizan. Llanos añadió que, además de torturar a los privados de libertad, "los drogan y alcoholizan" para después extorsionar y amedrentar a los familiares de los privados preventivos.

"He informado de estos hechos en más de una oportunidad, hay evidencias de los hechos, fotografías" y testimonios.

La autoridad dijo que en el interior de la cárcel de San Pedro, de La Paz, es donde mayor número de torturas se han producido con relación a otras de Cochabamba, Santa Cruz y Oruro.

Recordó que en ese reclusorio, los preventivos no tienen derecho a hablar, viven amedrentados, pues "si hablas, te pegan, te torturan". Llanos añadió que estos grupos, además de los delegados, son manejados por personas sentenciadas por los delitos de robo, asesinato y narcotráfico, o los denominados "trentones".

Entre bs 500 y $us 750. Llanos afirmó que para ingresar a una determinada sección, el privado de libertad, sentenciado o detenido preventivo debe pagar entre 500 y 600 bolivianos. Pero para el sector de La Posta deben abonar 750 dólares, dinero que es obtenido mediante presión.

"Estos hechos ya son conocidos a nivel nacional, pero lo que se ha hecho, al enviar el informe a la Comisión Internacional, es reafirmar estos casos, porque las cárceles se han convertido en tierra de nadie". Recordó que hace unos meses a un hombre le quemaron las extremidades inferiores con un cigarrillo.

Afirmó que el trabajo que desarrolla es complicado y más cuando descubren casos de tortura, drogadicción o alcoholismo.

DENUNCIAN la VIOLACIÓN DE UNA NIÑA EN SAN PEDRO. Un caso de violación se produjo en la cárcel de San Pedro de La Paz y fue conocido recién ayer, se informó de manera extraoficial. La Policía realiza las investigaciones del hecho.

De acuerdo con el informe, la menor de 12 años fue abusada por tres personas y resultó embarazada.

El Defensor del Pueblo tomó conocimiento de la denuncia, pero maneja el tema en reserva.

El caso fue derivado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cotahuma, a donde fue trasladada la víctima.

84 por ciento de la población carcelaria está detenida preventivamente, según los datos.

Se retuvo 38 vehículos y se decomisó autopartes de dudosa procedencia

En una nueva jornada en la que se aplicó el plan de seguridad "Chachapuma" (barrer) se tuvo como resultado la retención de 38 ve-

hículos observados y se decomisaron autopartes de dudosa procedencia en el sector de la feria denominada "Auto Venta", ubicada en la zona Norte de la ciudad.

Dicho trabajo se realizó a las 10:00 horas aproximadamente de ayer con la participación de casi un millar de uniformados de las distintas unidades del Comando Departamental de Policía, que enfocaron como centro de operación el mencionado lugar, donde los miércoles y sábados los comerciantes se dedican a vender ese tipo de mercadería y los ciudadanos ofrecen sus vehículos.

Tras casi dos horas de un arduo control se logró retener con fines investigativos 38 vehículos que fueron observados por distintos motivos, entre ellos, cambio de color, el número de motor no tenía coincidencia con el motorizado, los propietarios no tenían documentos del vehículo y otros.

De esos 38 motorizados, 33 vehículos y una motocicleta se quedaron en inmediaciones de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), los otros cuatro fueron llevados a dependencias de la Dirección Departamental de Tránsito, según fuentes policiales.

Los investigadores hicieron el trabajo de verificación para devolver esos motorizados a la circulación. Hubo molestia de los propietarios, quienes calificaron el hecho como un "show" y un "perjuicio", sin embargo, las autoridades policiales explicaron que era un trabajo preventivo en aplicación al plan "Chachapuma", cuya finalidad es disminuir el índice delincuencial de la ciudad de Oruro.



AUTOPARTES

Por otro lado, miles de piezas de autopartes de dudosa procedencia que fueron decomisadas en el operativo se colocaron en el patio de honor del Comando Departamental de Policía, para hacer la verificación de su procedencia. Entre esos objetos habían espejos retrovisores, faros, guiñadores y otros.

El jefe de Planeamiento y Coordinación del Comando Departamental de Policía, coronel René Rojas, manifestó ayer en una conferencia de prensa realizada en el patio de honor, que por instrucciones del Comando General y dando cumplimiento al plan de operaciones "Chachapuma" se realizó un operativo en el sector de la "Auto Venta".

"Tenemos resultados positivos, una cantidad considerable de autopartes y repuestos que serán sometidos a investigación, en vista de que se tenía información de inteligencia que son robados. Asimismo, se retuvieron 38 vehículos que están sometidos a investigación y serán clasificados por la unidad de Diprove, para determinar cuántos son robados, reimplantados, indocumentados y allá se dará la información correspondiente", señaló

Wednesday, June 19, 2013

Palmasola genera el 70% de inseguridad en Santa Cruz

Varios casos delictivos que eran dirigidos desde Palmasola fueron descubiertos por la Policía.

La Dirección de Régimen Penitenciario demanda de la institución verde olivo un control estricto en ese recinto penitenciario.

El 70 por ciento de la inseguridad en las calles de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se genera desde la cárcel de Palmasola debido a falencias que se tienen en el control de ese recinto penitenciario.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, en entrevista con Cambio, explicó que los internos de Palmasola gozan de muchas facilidades dentro el penal, tal es el caso del uso de celulares para coordinar y en muchos casos dirigir las actividades delictivas en la capital oriental.

En ese contexto, mencionó la urgencia de establecer medidas de control más estrictas en ese recinto y que la Policía asuma realmente su responsabilidad en cuanto al control y lucha contra la corrupción dentro el penal.

“Si corregimos las falencias, si cortamos los celulares, las visitas y se pone un control estricto en las puertas de ingreso, además de las formalidades en el régimen de clasificación, entre otras medidas, el 70 por ciento de la inseguridad ciudadana se reducirá”, señaló Llanos.

De acuerdo con la autoridad de Régimen Penitenciario, por ninguna razón un interno puede estar en contacto con sus amigos delincuentes. “Nuestra obligación es corregir y quitar esos privilegios porque están sujetos a un régimen y las llamadas sólo deben ser a familiares”.

En el protocolo de cárceles, afirmó, se permiten 10 visitas inscritas, y las otras que se dan no son más que para la actividad delictiva y contactos criminales que realizan los reclusos con sus cómplices que están fuera de la cárcel.

Tuesday, June 18, 2013

La FELCC atrapa dos bandas de pildoritas

El pasado 2 de junio, un hombre de 23 años falleció por una sobredosis de diazepam. La Policía busca a los autores del hecho.

Dos bandas de pildoritas, que operaban en locales nocturnos y pubs en los barrios de Sopocachi y Miraflores, fueron desarticuladas por las Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, informó el coronel Pedro Ramos, responsable de comunicación de esa unidad policial.

Los investigadores les atribuyen responsabilidad en, al menos, 15 casos de robo en los que empleaban cápsulas de benzodiazepam y diazepam. Todas las mujeres capturadas tienen antecedentes delictivos y son reicidentes.

Ramos explicó que el primer caso se registró el sábado por la mañana, cuando la víctima despertó y denunció el robo de 8.500 bolivianos, celulares y otros objetos de valor, además de documentos.

De acuerdo con el informe de la víctima a la Policía, dos mujeres se le aproximaron en un local ubicado en Sopocachi, le invitaron un vaso de licor e, inmediatamente, perdió el conocimiento.

"En este caso, se realizó un operativo y la víctima reconoció a las sospechosas que fueron trasladas a dependencias de la FELCC para ser sometidas a investigación".

Miraflores. El segundo hecho se suscitó en un local de la avenida Saavedra, Miraflores, donde tres mujeres doparon a otro hombre y le sustrajeron la suma de 500 bolivianos, dos celulares y otros objetos de valor.

Al igual que el primer caso, el hombre bebió un vaso de cerveza y perdió el conocimiento. La Policía dispuso un operativo y logró arrestar a las tres sospechosas y dos administradores del local que, se presume, conocían los movimientos de las presuntas delincuentes.

"La tres mujeres, que fueron arrestadas, tienen antecedentes por el mismo delito y todas ellas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que un juez determine su culpabilidad en los hechos". Ramos dijo que las mujeres operaban sólo en las áreas donde fueron descubiertas.

Muerte por una sobredosis El jefe policial recordó que el pasado 2 de junio, un varón de 23 años falleció después de haber sido "pildoreado" en un salón de fiestas junto a sus padres. Se cree que una sobredosis de diazepam le afectó el sistema respiratorio.

Según las investigaciones, los tres familiares asistieron a recepción social en la zona 14 de Septiembre. En el local conocieron a una pareja, mujer y hombre, con quienes compartieron conversación y bebidas, pero al final de la fiesta la pareja desconocida que se había ganado la confianza de la familia, volvió a invitar cerveza al padre, a la madre y su hijo, dejándolos totalmente dormidos.

"El resultado de este hecho fue trágico, despertaron padre y madre, pero el hijo murió. Se desconoce a los autores quienes después de doparlos, se llevaron joyas de oro a la mujer y los objetos de valor".

La justicia liberó a una banda delictiva que fue descubierta en 2011. Un juez de La Paz dispuso la libertad de Anahí y Jhovana G., y Freddy R. A., sindicados de formar parte de una bateria de pildoritas, quienes se encontraban recluidos en el Centro de Orientación Femenina y la cárcel de San Pedro, imputados del delito de robo agravado.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen capturó a los integrantes de esta organización en 2011 en tres operativos simultáneos que realizó la división de Delitos contra la Propiedad. La banda, que obtuvo su libertad, el pasado año, operó por siete meses y los golpes más importantes los dieron en las fiestas del Carnaval y de Colquepata, en Copacabana.

Cárceles deben 6 meses por servicios básicos

Las cárceles de Cochabamba no pagan por los servicios de energía eléctrica, agua potable y teléfono desde hace seis meses, debido a problemas en los traspasos de fondos que fueron remitidos por la Gobernación a la Dirección de Régimen Penitenciario.

El director de Régimen Penitenciario, Dennis Mejía informó que si bien la Gobernación depositó 5 millones de bolivianos para el pago de los prediarios, luz y agua, estos recursos no pueden ser utilizados, porque la nueva Ley de Seguridad Ciudadana determina que los prediarios y servicios básicos deben ser depositados en diferentes partidas. Por ello, para subsanar este problema, la Gobernación debe enviar una nota al Ministerio de Gobierno, mientras tanto no se podrán usar estos recursos.

Agregó que hasta la fecha se adeuda por servicios 700.000 bolivianos y se está a la espera de que estos trámites se agilicen, para cancelar la deuda. Se han enviado cartas a las empresas de agua y electricidad para que no corten estos servicios. “Hemos realizado gestiones, las empresas nos han entendido y no se han realizado los cortes, sólo Comteco nos ha cortado las llamadas”, dijo.

Por su parte el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Henry Terrazas, aseguró que la institución ha cumplido con la trasferencia de recursos a principios de año y se desconocen las razones por las cuales estos no fueron utilizados hasta la fecha.

Diprove denuncia que auteros roban con ayuda de guardias

La Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) identificó que delincuentes que se dedican a robar autopartes y motorizados operan en complicidad con guardias de empresas de seguridad privada, en su mayoría, en la zona Sur de La Paz.

El director nacional de esta unidad, Wálter Paco, informó que un trabajo de Inteligencia identificó casos en los que antisociales conocían sobre el recorrido que seguía un determinado vehículo, o dónde el chofer solía estacionar el carro, entre otros datos.

“Eran los guardias de seguridad de estas empresas quienes les daban la información para que el momento de robar el delito se consuma sin dificultad”, explicó el jefe policial.

Paco manifestó que este tipo de robos se registra en su mayoría en la zona Sur. “En Achumani y Calacoto se vieron este tipo de hechos, y en Miraflores también”, manifestó.

Página Siete conversó con dos administradores de empresas de seguridad privada de la zona Sur, quienes explicaron, de forma separada, que piden un certificado de antecedentes a quienes contratan para garantizar que no sean antisociales.

“Pedimos los documentos necesarios y el más importante es el certificado de antecedentes de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen). Pero no podemos responsabilizarnos de las actitudes que puedan tomar como personas, aunque nosotros estamos constantemente sobre ellos”, afirmó Óscar P., gerente de una empresa privada.

El otro administrador acotó: “La Policía siempre apuntará a los guardias privados en vez de luchar contra los delincuentes”.

Fuentes policiales de Diprove informaron que de enero a la fecha se registraron diez casos con características similares.

“Hubo un seguimiento muy detallado de los lugares y el tiempo que un coche estaba estacionado. Haciendo un seguimiento y con gente infiltrada nos damos cuenta que había un nexo muy cercano con guardias”, explicó uno de los investigadores.

Paco dijo que si bien existe la información, no se puede llegar a la detención correspondiente porque no hay flagrancia. “Estamos en plena investigación y pedimos a los dueños de vehículos que tomen los recaudos hasta que actuemos”, solicitó.

Dos casos de relevancia
De acuerdo con el archivo que maneja la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), dos casos fueron la punta del ovillo para identificar la conexión existente entre los delincuentes y algunos guardias de seguridad privada.

El primero ocurrió en la zona de Miraflores en febrero de este año. Según el reporte de investigación, un vehículo fue desmantelado cerca de la calle Carrasco.

“Después de hacer las averiguaciones, se tomó como testigo al guardia de seguridad porque el robo ocurrió cerca de su lugar de trabajo. El señor sabía en detalle lo que había ocurrido y dadas las cosas se verificó que tenía un nexo”, contó un investigador.

El segundo hecho ocurrió en la zona de Achumani. Cerca del mercado del barrio, delincuentes robaron el cerebro, inyectores y otros accesorios.

“Se determinó que uno de los guardias que vigilaba parte del mercado era quien proporcionaba los datos a los antisociales”, informó el oficial de Policía. En ambos casos los guardias fueron arrestados y luego liberados por falta de pruebas.

Sunday, June 16, 2013

¿Qué es la seguridad ciudadana?

Es un bien común esencial de prioridad nacional, sobre todo en nuestro departamento, para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos, garantías individuales y colectivas, de todos los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia.

La seguridad ciudadana departamental promoverá la paz, la tranquilidad en los ámbitos sociales y públicos, para que cochabambinas y cochabambinos alcancemos una mejor calidad de vida con el propósito de llegar al “vivir bien”

Thursday, June 13, 2013

ROBOS DE JOYAS EN TEMPLOS Culturas dice que hay avance en pesquisa

El director general jurídico del Ministerio de Culturas Héctor Villaroel afirmó que existen substanciales avances en las investigaciones que realizan la Policía y el Ministerio Público sobre los robos ocurridos en los templos de Potosí.
“El Ministerio de culturas tiene el fin de preservar el patrimonio nacional, no estamos aquí para tildar absolutamente a ninguna persona que la ley determine, solamente hacemos el impulso procesal”, dijo el abogado que estuvo ayer en Potosí.
Las autoridades competentes son las que tienen que informar sobre las investigaciones, porque simplemente el Ministerio hace el seguimiento del proceso investigativo.
El abogado lamentó que en este año se hayan producido los múltiples y sistemáticos robos de joyas que ocurrieron en diferentes templos del área dispersa y urbana de Potosí.
Villaroel dijo que si bien avanzan las investigaciones espera que se recuperen las joyas robadas a las diferentes imágenes religiosas.

Últimos casos de extravíos

Del mes de febrero a la fecha, los casos de menores de edad que continúan desaparecidos involucran a personas a partir de los nueve años de edad.

Las personas extraviadas cuyas fotografías aparecen en esta publicación, en mayor porcentaje, son mujeres que desaparecieron de manera sospechosa, cuando se dirigían al colegio, a realizar alguna tarea o ejecutar una actividad cotidiana.
INFORMACIÓN

Las referencias y datos acerca del paradero de estas personas pueden ser proporcionadas a las oficinas de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), situada en el lado norte de la laguna Alalay o al teléfono 4558452.

Para obtener mejores resultados en la búsqueda de personas desaparecidas, la División Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen recomienda a los padres o apoderados de cualquier menor de edad tener siempre fotos actuales de sus hijos o personas a su cargo. Las denuncias se pueden hacer 72 horas después de la desaparición.

La División Trata y Tráfico de Personas pide también a los familiares hacer el reporte a la Policía, una vez que los menores son encontrados.

José Caro subió a un taxi y desapareció

Una de la madrugada del 1 de febrero de 2013: José Caro Javier, de 26 años, aborda un taxi en la avenida Simón López para dirigirse a la casa de su enamorada en Colcapirhua, y desaparece en el trayecto. Hasta el día de hoy no se conoce nada sobre su paradero.

El estudiante de noveno semestre de la carrera de Ingeniería Industrial, de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) había salido de su casa situada en Buena Vista al sur de la ciudad, al mediodía del 31 de enero, para asistir a sus clases.

Por la tarde había acordado encontrarse con sus amigos de la Facultad de Tecnología para celebrar la fiesta de compadres y compartir algunas bebidas.

Su enamorada, Verónica Reynaga, recibió un mensaje de texto en su celular, en el que José le decía que esperaba a sus compañeros en el centro de estudiantes.

Una noche antes, ella le había pedido al estudiante que no fuera con sus amigos porque no quería que bebiera, pero él insistió en hacerlo.

Pasadas las 16:00 horas del 31 de enero, José se reunió con varios amigos y se trasladó a un local en el municipio de Sacaba.

Cerca de las 19:00 horas se trasladó junto con su grupo de amigos a otro local en la calle España, al centro de la ciudad, donde continuaron compartiendo. Llamó a su enamorada y le dijo que no tenía mucha batería en su celular y que se contactaría con ella desde otro teléfono.

Durante tres horas más continuó bebiendo con sus amigos en este local de la ciudad, y posteriormente uno de sus compañeros ofreció su domicilio para seguir la reunión.

José accedió a la última invitación y llamó a su enamorada del celular de uno de sus compañeros, pues para esa hora la batería de su teléfono se había agotado.

En ese contacto telefónico José le dijo a su novia que iría a su casa a dormir porque estaba mareado y su domicilio quedaba muy lejos.

A las 00:30 horas del 1 de febrero José se comunicó por última vez con su hermano Omar, quien le ofreció recogerlo del lugar donde estaba. Sin embargo José le dijo que no se preocupara porque se iría al domicilio de su enamorada o se quedaría en la casa de su compañero a dormir.

Pocos minutos después llegaron los propietarios de la vivienda donde los jóvenes compartían bebidas alcohólicas y José, junto con dos de sus compañeros, decidieron salir a la avenida Simón López para tomar un taxi.

El propietario de la vivienda, situada a unas tres cuadras de la Simón López los llevó en su vehículo desde su casa hasta esta avenida.

En el trayecto, José les comentó a sus compañeros que se iría a la casa de su enamorada, en Colcapirhua, y abordó un taxi.

Desde ese momento ni sus amigos, ni sus familiares supieron más de él.
LA BÚSQUEDA

El 1 de febrero por la tarde, Omar se contactó con la enamorada de José para preguntarle si estaba con ella, pero ambos se sorprendieron al no saber del paradero del joven.

José Caro Mareño y Matilde Javier Arancibia, padres del joven desaparecido, son maestros rurales y solamente retornan a su domicilio los fines de semana, por lo que se enteraron de la desaparición de su hijo un día después, el sábado 2 de febrero.

La familia fue a sentar la denuncia de la desaparición ese mismo día a la división de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, que abrió un caso por esa causa.

Sin embargo, Verónica, la enamorada, asegura que la Policía no se movilizó para realizar la búsqueda de José.

“No se hicieron entrevistas y tampoco la Policía fue a la casa de él o de sus amigos para investigar. Nunca se ha hecho la búsqueda, que nosotros sepamos”, mencionó.

Según la enamorada de José, la única ayuda que recibieron de parte de las autoridades fue la elaboración de un afiche con la fotografía del desaparecido y un requerimiento para sacar el extracto de llamadas de celular de una empresa telefónica.

Este extracto no dio ninguna pista porque el teléfono estaba apagado, por falta de batería, antes de que José desapareciera.

La familia emprendió su propia búsqueda y se movilizó el sábado 2 y el domingo 3 de febrero por varios sectores de la ciudad para tratar de encontrar pistas del desaparecido, pero no obtuvo resultados.

Incluso sus compañeros de la universidad salieron en grupos a realizar la búsqueda.

Los siguientes fines de semana, y por referencias de la Policía, los padres buscaron en ríos y lugares donde podían encontrar el cuerpo si es que José habría sido asesinado, pero no hallaron nada.

La pasada semana la madre recibió la referencia de una persona que le indicó que un joven igual a José fue visto en un local de Quillacollo.

Fue a buscarlo en todos los locales de ese municipio, pero sin resultados.
LLAMADA

La única pista que los allegados tienen de José es una llamada telefónica que se hizo desde Brasil.

El mes de marzo, Verónica recibió una llamada aproximadamente a las 23:00 horas a su celular.

“Estaba medio dormida y no entendí muy bien lo que la persona que me llamó me decía, sólo sé que hablaba en portugués y me preguntó si era Verónica, yo le dije que sí y luego colgó”, cuenta.

La enamorada de José indica que esa llamada le hace pensar que el joven desaparecido podría estar en Brasil.

Al día siguiente de recibir la llamada trató de identificar la procedencia de la misma, pero solamente pudo averiguar que el contacto fue realizado desde Brasil. El número tampoco pudo ser identificado.
PASIÓN POR EL FÚTBOL

El joven desaparecido es un futbolista apasionado.

Su hermano asegura que su deporte preferido era el fútbol y cada fin de semana, o cuando podía, acudía a jugar esta disciplina con sus amigos.

Entre lágrimas, su enamorada también recuerda que José es un joven tranquilo dedicado a los estudios y al deporte.
VESTIMENTA

El día en que el universitario desapareció vestía una polera celeste con blanco, a rayas, un pantalón vaquero y una chompa negra con franjas de color rojo en los brazos.

10 años sin hallar a Aldo Velasco

En mayo pasado se cumplieron 10 años de la desaparición de Aldo Jhonatan Velasco Ayala, joven que desapareció en Cochabamba el día en que fue a realizar un trueque de vehículos.

El estudiante, de la carrera de Derecho de la Universidad del Valle, tenía 21 años cuando desapareció. Además de sus estudios, se dedicaba a la compra y venta de autos.

El 14 de mayo de 2003 fue visto por última vez cuando salió de su domicilio a las 20:30 horas para realizar el trueque de su camioneta. Ese día llevaba 6.500 dólares.

Según sus familiares, el joven iba a un encuentro con José Tapia y un contacto de Santa Cruz de nombre Aldo Giovanoli. Antes de salir de su casa recibió dos llamadas a su celular de esas dos personas. El trueque lo iba a hacer con Giovanoli, quien le entregaría una vagoneta Mitsubishi modelo 2002 por su camioneta Chevrolet G-5.

Las dos llamadas que recibió eran para confirmar si tenía el dinero y si su vehículo estaba en buenas condiciones, comentó la madre del desaparecido.

Ella señaló que su hijo no tenía enemigos y que había incursionado en el negocio de compra y venta de autos a su retorno de Chile, para sustentar sus gastos universitarios.

Ese día él salió bien vestido porque estaba feliz de subir a un auto como el que iba a obtener con el trueque. El encuentro se debía realizar cerca del supermercado IC Norte de la avenida D’Orbigny”, contó la madre.

El día de su desaparición la novia de Aldo, Nilda Montaño, fue quien se percató de que algo sospechoso pasaba con él.

La pareja tenía una cita esa noche, pero Aldo nunca apareció. Luego de llamar varias veces a su celular, la joven lo buscó en su casa cerca de las 23:00 horas y sus familiares tampoco sabían donde estaba.

Después de esa noche, la búsqueda de Aldo se realizó de manera incesante por parte de los familiares, sobre todo, su madre y hermano.

José Tapia se desvinculó del caso declarando a la Policía que ese día no pudo contactarse con “Aldo” porque fue a La Cancha a comprar material escolar para su hija.

Aseguró a la familia que no tenía nada que ver en la desaparición del joven y proporcionó el teléfono de Giovanoli, a quién había conocido en la feria de venta de autos.

La madre se contactó con Giovanoli cuando éste ya se encontraba en Montero y le contestó que Aldo nunca llegó a la cita.

La mujer indicó que su hijo no conocía a Giovanoli y que todo el contacto para la transacción lo había realizado José Tapia.

Luego de esa llamada Giovanoli no volvió a contestar su celular ni se supo nada más de él.

Durante los primeros meses de su desaparición, la madre del joven denunció que el Ministerio Público no detuvo a nadie y no había avances en el caso.

Los familiares llenaron la ciudad con carteles que llevaban las fotos y datos de Aldo, lo buscaron en todo el departamento e incluso fueron a la carretera a Oruro guiados por pistas falsas que indicaban que el cuerpo del joven estaba allí.

En un principio se ofreció una recompensa de tres mil dólares para las personas que dieran datos de su paradero, sin embargo la familia sólo recibió pistas falsas, pues hasta el día de hoy ni Aldo ni el vehículo aparecieron.

La familia Velasco no pierde la esperanza y a la fecha continúa con la búsqueda.

Hace cinco años Alex Velasco, hermano del desaparecido que emigró a España, se contactó con este medio de comunicación para ofrecer a la población una recompensa de 10 mil dólares por datos acerca del paradero de Aldo, pero este intento tampoco trajo noticias a la familia.

Pese a que los años pasaron, la ausencia de Aldo entre sus seres queridos continúa causándoles sufrimiento.

“Queremos encontrarlo vivo o muerto, necesitamos la tranquilidad de saber que hemos dado con él y, de ser necesario, darle cristiana sepultura. A pesar de estar tanto tiempo en España y los años transcurridos, pese a tener una familia propia y mis hijos, no me cansaré de buscar a mi hermano. Mi vida está dedicada a eso”, sostuvo Alex Velasco en 2008.

Él y su familia coleccionaron una serie de recortes de periódico, apuntes y evidencias que se reunieron durante todo el seguimiento de las investigaciones.

Estos documentos son los únicos testimonios de la desesperación de una familia frente a la desaparición de un ser querido.

Este medio de comunicación indagó en qué situación estaba el caso en el Ministerio Público y en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, pero nadie supo dar referencias. El jefe de la División Homicidios, capitán Grevy Montaño, indicó que no conocía el caso y no había referencias de éste en su unidad.

Ni vidente dio con Zarlet y padres viven un infierno desde hace un año

Ha transcurrido un año y cinco días desde la desaparición de Zarlet Clavijo Martínez (18) el 4 de junio de 2012 en El Prado de La Paz y la búsqueda continúa.

Las pertenencias en su cuarto se mantienen intactas esperando el regreso. Su madre, Marcela Martínez, se ha encargado de que Zarlet esté incluida en todas las actividades de la familia. Siempre deja un espacio para ella en las actividades cotidianas y le ha comprado regalos por su cumpleaños y Navidad, para que los pueda abrir a su retorno.

La madre mantiene la firme convicción de que su hija está con vida, retenida por la fuerza y dentro de territorio boliviano.

Al menos así lo aseguró el psíquico uruguayo Marcelo Acquistapace, que llegó a Bolivia exclusivamente para investigar la desaparición de Zarlet.

La madre de la joven menciona que la ayuda del psíquico ha sido el mayor avance en la investigación que han tenido hasta la fecha, y que gracias a él se ha entregado información valiosa a la Fiscalía. Ahora se espera la detención de cinco personas que estarían involucradas en el caso.

“Hemos contratado investigadores de Londres, pero no los han dejado entrar al país, y otros de Chile, para que sigan el caso porque la Policía de Bolivia no es eficiente en este tipo de casos”, afirma Marcela Martínez.

En diciembre de 2012 se logró recuperar el celular de Zarlet, cuando éste intentaba ser activado.

Las dos personas que tenían el aparato en su poder indicaron que lo habían comprado del mercado chino (La Paz) y ayudaron a elaborar un identikit del vendedor.

Pese a haber hallado el aparato no se pudo obtener los datos de las últimas llamadas, porque la empresa telefónica ya había borrado la información del mes de junio y no existía ningún registro de los últimos tres meses.

En la búsqueda de Zarlet, en el último año, la Policía logró resolver otros casos de trata y trafico en el país. Los padres de la joven confirman que a diario viven un infierno.

Marcela Martínez, abogada de profesión, dejó su trabajo y la maestría que realizaba para dedicarse a la búsqueda de su hija.

El padre de la joven, Hevert Clavijo, asambleísta departamental, vive en Cochabamba y tiene un altar en su domicilio, donde todos los días reza por su hija.

“Lo único que quiero en el día es llegar a mi casa para abrazar la ropa de Zarlet”, comenta.

Él recuerda a su hija como una joven muy hogareña, dedicada a su familia.

La gestión pasada, Zarlet no ingresó al colegio y cursaba el bachillerato por internet, situación que le permitía realizar otras actividades.

En las mañanas trabajaba en el negocio familiar de su abuela. Además, le dedicaba un tiempo a la pintura y al violín.

El día en que desapareció salía precisamente de su trabajo de un edificio situado en El Prado para almorzar con su mamá.

Minutos antes había conversado con ella para encontrarse e ir a casa juntas, cuenta Hevert Clavijo, pero el congestionamiento generado por una marcha impidió el encuentro. Quedaron de verse en su casa.

Su mamá le había preparado un almuerzo vegetariano, pues en el último tiempo Zarlet había decidido optar por este tipo de alimentación.

A las 18:00 horas Hevert recibió una llamada de Marcela que le comunicaba sobre la desaparición de su hija, y en ese momento comenzó la búsqueda.

“Cuando su madre me dijo que había desaparecido, pensé que era una cosa de jóvenes y que aparecería pronto. Jamás pensé que su desaparición se ampliaría meses y hasta un año”, menciona.

Asegura que la Policía le dio varias hipótesis de lo que pudo haber sucedido con Zarlet. Lo único que pide es dar con su paradero, esté viva o muerta.

En el intento de encontrar a su hija, los padres llegaron al menos seis veces a la morgue de La Paz.

El padre cuenta que los investigadores los llamaban para indicarles que habían encontrado cuerpos con algunas características parecidas a las de Zarlet, pero ninguno coincidía con los rasgos ni la edad de su hija.

La búsqueda de meses se prolongó en un trabajo puerta a puerta para entrevistar a los compañeros de Zarlet y, en algunos casos, a los padres de sus amigos, pero ninguna pista les dio referencias de la joven.

El último sábado, antes de su desaparición, ella asistió a una fiesta con sus amigas y el domingo, después de un almuerzo familiar, también se encontró con otras jóvenes para ir a tomar helados, pero nadie pudo dar referencias de un comportamiento extraño de parte de Zarlet o el deseo de abandonar la casa, por lo que la familia está segura de que se trata de un caso de trata y tráfico de personas.